La muerte de Noelia Castillo, una joven de 25 años que recibió la eutanasia el 26 de marzo en un centro sanitario de Sant Pere de Ribes (Barcelona), ha reabierto el debate sobre la ley de muerte asistida. Su madre, Yolanda Ramos, ha hecho pública su oposición a la norma y ha pedido su derogación, asegurando que su hija "no tenía una enfermedad terminal, sino problemas de salud mental".
En un vídeo difundido en redes sociales, Yolanda Ramos se dirige directamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para reclamar cambios legislativos y evitar que se repitan casos como el de su hija. Su testimonio ha visto la luz mientras el Parlamento catalán impulsa una reforma para agilizar los procedimientos judiciales relacionados con la eutanasia.
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Yolanda sostiene que el diagnóstico de Noelia —trastorno límite de la personalidad— no justificaba una decisión irreversible como la muerte asistida. Se trataba de una patología "no degenerativa" y con margen de mejora, denuncia, y su hija no recibió la atención adecuada en los recursos sanitarios disponibles. "Tenía toda la vida por delante", lamenta.
Aunque acompañó a su hija durante todo el proceso, insiste en que nunca entendió la aplicación de la ley en este caso. Cuestiona especialmente que se considere equiparable a situaciones de enfermedad terminal o sufrimiento físico irreversible. Los informes médicos, sin embargo, avalaron que la joven padecía un sufrimiento psíquico "grave, crónico e incapacitante", sin perspectivas de mejoría.
El procedimiento pasó por múltiples instancias judiciales. Fue su padre quien intentó detener el trámite recurriendo a los tribunales, sin éxito. Tanto la vía administrativa como la judicial concluyeron que Noelia cumplía los requisitos legales, incluida la capacidad para decidir libremente sobre su vida. Los especialistas que la evaluaron determinaron que su enfermedad no afectaba a su discernimiento.
Su madre discrepa profundamente de estas conclusiones. En su mensaje denuncia que una persona con enfermedad mental no debería tomar una decisión de este tipo sin más garantías. Critica además que, pese a ser su madre, no pudo intervenir en el proceso ni acceder a información clínica relevante: "Un comité decide, pero la familia no cuenta", lamenta.
El proceso se remonta a 2024, cuando la comisión de garantías de Cataluña autorizó la eutanasia. Desde entonces, el caso ha sido objeto de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo y el Constitucional, que respaldaron la legalidad del procedimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún tiene pendiente pronunciarse.
Mientras tanto, el Parlamento catalán ha impulsado una propuesta para reducir los tiempos de resolución judicial en estos casos, fijando un plazo de tres días para responder a los recursos. La iniciativa también plantea que, una vez firme la decisión, solo pueda recurrirse ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo debe fijar doctrina en mayo sobre el papel de los familiares en este tipo de procesos, a raíz de otro caso similar.
Tras la muerte de su hija, Yolanda Ramos ha anunciado que quiere impulsar una fundación dedicada a apoyar a personas con enfermedades mentales. Su objetivo es que situaciones como la de Noelia no vuelvan a repetirse.
