La Ley de Familias, aprobada en febrero de 2024, permanece paralizada en el Congreso tras más de 50 prórrogas y sin fecha de debate, a pesar de haber sido tramitada por el procedimiento de urgencia.
La Ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cumple un año y medio estancada en el Congreso de los Diputados. Desde su aprobación en el Consejo de Ministros en febrero de 2024, el proyecto ha experimentado más de 50 prórrogas en el plazo de enmiendas, sin que se haya fijado aún una fecha para su primer debate parlamentario. Esta situación persiste a pesar de que el Gobierno optó por tramitar la ley mediante el procedimiento de urgencia, con el objetivo de reconocer la diversidad de situaciones familiares y mejorar su protección social.
La redacción original de la ley fue realizada bajo la dirección de Ione Belarra, predecesora de Pablo Bustinduy, actual ministro del ramo. La normativa busca equiparar jurídicamente la diversidad familiar al marco legal vigente y mejorar la protección social de todas las familias en España. En palabras de Bustinduy, "la política social, especialmente en lo referente a la protección de las familias y la infancia, ha sufrido históricamente un déficit estructural de inversión pública en España, agravado por los recortes de la década pasada".
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONALa ley reconoce jurídicamente a diversas tipologías familiares, incluyendo las monomarentales, adoptivas, LGTBI y aquellas con miembros con discapacidad. No obstante, no introduce nuevos supuestos para la renta de crianza de 100 euros al mes, sino que actualiza la terminología de acogimiento familiar para alinearla con el Código Civil. Además, elimina el término 'familias numerosas', sustituyéndolo por 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza'.
Las familias monoparentales tendrán prioridad en la elección de colegios y acceso a viviendas protegidas, además de dieciséis semanas de educación infantil gratuita. Las parejas de hecho, por su parte, contarán con un registro estatal que les otorgará los mismos derechos que a un matrimonio, incluyendo la pensión de viudedad.
La estructura de la ley se divide en cinco partes: principios y valores, protección general, disposiciones específicas, organización de la cooperación y cambios normativos. Bustinduy destacó que la ley "afianzará una red de protección y apoyo a las familias", cumpliendo con el mandato del artículo 39 de la Constitución.
La oposición, encabezada por el Partido Popular, ha criticado la norma por considerar que invade competencias autonómicas. En respuesta, los 'populares' presentaron su propia proposición de ley sobre conciliación. Mientras tanto, asociaciones como la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) han denunciado "abandono institucional" y han instado a los políticos a aprobar un marco protector para las familias monomarentales.
