La Pontificia Comisión para la Protección de Menores trabaja para cerrar una laguna del derecho canónico que deja fuera de su amparo a las mujeres consagradas adultas.
La Pontificia Comisión para la Protección de Menores (PCPM) de la Santa Sede está abordando una laguna legal que afecta a las mujeres consagradas víctimas de abusos. El derecho canónico y las comisiones especializadas se centran en la protección de menores y adultos con discapacidad, lo que deja a las religiosas adultas fuera de su ámbito de amparo. En la práctica, se asume que las víctimas adultas tienen capacidad de defenderse o que han consentido, lo que ha generado un vacío en la protección de estas mujeres.
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Claudia Giampietro, canonista italiana que colabora con la PCPM, ha señalado en una entrevista con EWTN Noticias que «no puede ser solo un rótulo de adulto vulnerable» y ha enfatizado la necesidad de comprender las asimetrías de poder y las circunstancias que rodean los abusos. «Son estas situaciones de vulnerabilidad que necesitamos profundizar», ha indicado.
Desde enero de 2020 la Santa Sede ha comenzado a romper el silencio sobre los abusos sufridos por las religiosas, dedicando un extenso artículo en la revista Donne, Chiesa, Mondo a temas como el abuso de poder y el abuso sexual. En los años siguientes se han multiplicado los estudios que buscan dimensionar el fenómeno.
Un estudio realizado en 2022 por la hermana María Rosaura González Casas reveló que el 19,8% de las 1.417 religiosas encuestadas en 23 países iberoamericanos afirmaron haber sufrido abusos sexuales. Más de la mitad reportaron haber experimentado algún tipo de abuso de poder por parte de superiores, sacerdotes o formadores.
González Casas, decana del programa de psicología del Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana, ha indicado que desde la publicación del estudio ha aumentado la conciencia sobre lo que constituye el abuso. «Las hermanas son más conscientes, y los obispos y sacerdotes también están más alertas», afirmó, aunque reconoció que aún persisten la falta de códigos de conducta claros y el machismo arraigado en la vida religiosa y sacerdotal.
La PCPM ha organizado el II Encuentro Anual sobre Prevención de Abusos, que se celebrará en Roma del 9 al 11 de diciembre de 2026 bajo el título «Comunión, cuidado y justicia: relaciones mutuas para una misión compartida». No será una conferencia académica, sino un laboratorio de trabajo orientado a resultados concretos, con mesas redondas y sesiones sobre derecho canónico en las que participarán obispos, representantes de institutos de vida consagrada y expertos en prevención.
La hermana Jacinta Ondeng, de la congregación School Sisters of Notre Dame, ha subrayado que «la salvaguarda debe ser una parte esencial de la vida comunitaria» y ha propuesto la creación de directrices claras para abordar los casos de abuso en la vida consagrada, similares a las establecidas por el Papa Francisco en Vos estis lux mundi. «Cuando quede claro que el Vaticano está involucrado en cuestiones que afectan a miembros de la vida consagrada, habrá cambios», ha afirmado.
Ondeng ha liderado un estudio en África cuyos resultados, presentados en la Conferencia Internacional de Salvaguarda de 2026, revelan que el 35,5% de las congregaciones no cuentan con una política formal de salvaguarda y que el 67,4% de las religiosas identifican el miedo al estigma como el principal obstáculo para denunciar abusos. «Las hermanas sufren en silencio por miedo a perjudicar la reputación de un sacerdote o superior», ha señalado.
El estudio indica también que muchas religiosas optan por permanecer en sus comunidades a pesar de los abusos, debido al miedo al estigma social y a las dificultades económicas que afrontarían si abandonaran la vida consagrada. Aunque más del 95% de las 141 religiosas entrevistadas afirmaron haber recibido formación en prevención, la hermana Ondeng ha señalado que esta resulta a menudo insuficiente y necesita ser reforzada.
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