Maine excluye a escuelas católicas de la financiación pública por sus normas de género

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito determina que el estado puede condicionar los fondos públicos al cumplimiento de las leyes de no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Un tribunal federal de Estados Unidos ha determinado que el estado de Maine puede excluir a escuelas católicas y otras instituciones privadas de la financiación pública si no se ajustan a las leyes estatales de no discriminación en relación con género y sexualidad. La decisión fue emitida el pasado 2 de julio por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en respuesta a una solicitud de la Academia St. Dominic, perteneciente a la diócesis de Portland, que buscaba una medida cautelar contra dichas normativas.

La Academia St. Dominic argumentó que no podía cumplir con los requisitos que le obligaban a facilitar las transiciones de género de los estudiantes y que no exigiría a su personal referirse a los alumnos con pronombres del sexo opuesto. Sin embargo, el tribunal sostuvo que combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género es un «objetivo gubernamental legítimo» y que la exigencia de que las escuelas financiadas públicamente sigan estas normas «se relaciona de manera racional» con dicho objetivo.

Un precedente de la Corte Suprema como telón de fondo

La resolución se produce años después de que la Corte Suprema dictaminase, en el caso Carson v. Makin de 2022, que Maine no podía prohibir a los estudiantes utilizar ayudas públicas para asistir a escuelas religiosas. El alto tribunal concluyó entonces que el estado había «identificado y excluido a escuelas elegibles en función de su ejercicio religioso».

Adèle Keim, abogada del Becket Fund for Religious Liberty, que representa a la escuela católica, ha señalado a EWTN News que, tras aquella decisión, Maine modificó su política de financiación para incluir las normas de no discriminación en materia de género y sexualidad. «Sabían que sería una línea roja para las escuelas que habían demandado al estado», afirmó.

¿Nos ayudas? ¿un café?

Keim destacó que la reciente sentencia fue parcialmente favorable para la Academia St. Dominic, ya que el tribunal determinó que el estado no puede dictar prácticas de contratación relacionadas con la fe ni imponer reglas sobre la expresión religiosa en los campus. No obstante, concluyó que las escuelas no gozan de «protección constitucional» en relación con las políticas de no discriminación.

El caso podría llegar a la Corte Suprema

La abogada argumentó que esta decisión contradice múltiples fallos de la Corte Suprema, incluido el caso Carson y el histórico fallo de 2025 en Mahmoud v. Taylor. La posibilidad de presentar un recurso ante el alto tribunal está sobre la mesa, según indicó.

Un litigio similar había sido planteado por la iglesia no denominacional Crosspoint, que gestiona una escuela cristiana. El tribunal de apelaciones combinó parcialmente las demandas de ambas instituciones en una única resolución.

Keim recordó que la educación católica había sido financiada públicamente en Maine durante décadas antes de que los legisladores, a principios de los años ochenta, decidiesen excluir a las escuelas católicas. «Es un estado poco poblado. Su población está dispersa en un amplio territorio. El gobierno siempre ha colaborado con escuelas privadas para cumplir con la garantía constitucional estatal de educación gratuita para todos los niños», señaló.

Por su parte, el abogado de Becket Eric Rassbach comentó en la red social X que la Corte Suprema estudiará en octubre un caso similar relacionado con las normas de no discriminación y la financiación pública de escuelas religiosas. «Los gobiernos no pueden evadir los precedentes de la Corte Suprema rebautizando la discriminación contra la religión como no discriminación. La Constitución exige más», escribió.