El Opus Dei denuncia manipulación mediática en la investigación judicial en Argentina

El Opus Dei acusa a ciertos medios de tergiversar hechos en un proceso judicial en Argentina, subrayando su colaboración con las autoridades y pidiendo responsabilidad a la prensa para evitar interferencias externas.

El Opus Dei ha expresado su preocupación por lo que considera una manipulación mediática de una investigación judicial en Argentina. Según un comunicado emitido por su Oficina de Comunicación Internacional, la organización católica denuncia que ciertos medios de comunicación han tergiversado los hechos relacionados con un proceso judicial en curso, con el objetivo de dañar su imagen pública.

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En el comunicado, el Opus Dei subraya que siempre ha colaborado con las autoridades judiciales y reitera su compromiso con la transparencia y la verdad. Además, enfatiza que cualquier intento de manipulación mediática no solo afecta a la institución, sino también a las personas involucradas en el caso. La organización solicita a los medios de comunicación que actúen con responsabilidad y respeto hacia los procedimientos legales.

Por otra parte, el Opus Dei destaca que continuará defendiendo sus derechos y los de sus miembros ante cualquier ataque infundado. La entidad religiosa insiste en que se debe permitir que la justicia actúe sin interferencias externas y pide a los periodistas que se abstengan de difundir información no verificada o sesgada.

Finalmente, el comunicado concluye reafirmando el compromiso del Opus Dei con su misión espiritual y social. La organización asegura que seguirá trabajando en sus proyectos educativos y asistenciales, independientemente de las circunstancias adversas que puedan surgir.

Cronología de los hechos

El conflicto se remonta a septiembre de 2020, cuando un abogado presentó un reclamo ante la prelatura en nombre de 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei. La petición inicial se centraba en la regularización de aportes previsionales, pero con el tiempo derivó en denuncias mediáticas y, posteriormente, en una causa penal.

En 2022, ante la falta de avances judiciales y la difusión pública del caso, el Opus Dei constituyó una Comisión de Escucha, seguida por la creación de una Oficina de Sanación y Resolución, con el objetivo de canalizar posibles reclamos y brindar acompañamiento a quienes hubieran vivido experiencias negativas en la institución.

Avances judiciales y nuevas solicitudes

La denuncia formal fue presentada por la fiscalía en junio de 2023, luego de una investigación preliminar impulsada por la procuraduría especializada en trata y explotación de personas (Protex). En agosto de 2024, los fiscales pidieron que se citara a declarar a cuatro antiguos vicarios del Opus Dei en Argentina, solicitud que fue reiterada en julio de 2025, incluyendo esta vez a Mariano Fazio, actual vicario auxiliar de la prelatura.

El abogado querellante también solicitó recientemente la inclusión de Fernando Ocáriz, actual prelado del Opus Dei, lo que la institución ha calificado como una “grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial”.

Hasta el momento, el juez interviniente no ha resuelto ninguna citación ni ha imputado delitos. El proceso se mantiene en la fase de instrucción, que busca determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio oral.

La postura del Opus Dei

En su comunicado, el Opus Dei niega los cargos en su contra y sostiene que las acusaciones representan una “manipulación de una figura penal” sin relación con los hechos denunciados. También asegura que ha mantenido siempre una disposición abierta al diálogo y a la colaboración con la justicia.

Respecto a la labor de las numerarias auxiliares —miembros del Opus Dei que se dedican profesionalmente al cuidado de los centros y las personas— la prelatura insiste en que se trata de una vocación asumida libremente, con plenas garantías, y en condiciones dignas. Afirma que las denunciantes han tergiversado su experiencia y que algunas de ellas han manifestado sentirse utilizadas en reclamos con los que no se identifican.

Finalmente, la institución advierte sobre el riesgo de banalizar delitos tan graves como la trata de personas mediante el uso indebido de figuras penales, lo que —según el comunicado— afecta la credibilidad del sistema judicial y a las verdaderas víctimas de estos crímenes.