Pierre-Alain Cottineau, ex candidato del partido radical de extrema izquierda La Francia Insumisa y activista de la comunidad LGBT+, está siendo investigado por las autoridades francesas por múltiples delitos de extrema gravedad, entre ellos la violación y tortura de varias menores de edad.
Los hechos, que salieron a la luz en septiembre de 2024, han sacudido a la opinión pública y revelan fallos graves en los sistemas de protección infantil del país.
Según información publicada por el diario Le Parisien esta semana, Cottineau ya había sido señalado por un caso de agresión sexual cuando era menor de edad. En 2007 o 2008, su propia madre lo denunció ante el Servicio de Protección Maternoinfantil (PMI) por haber abusado presuntamente de una niña de cuatro años que estaba bajo su cuidado. En aquel momento, él tenía 15 años. Sin embargo, la denuncia no fue investigada ni derivó en ninguna acción judicial.
La actual investigación comenzó en 2024, cuando la policía neerlandesa detectó en la red oscura un vídeo de contenido pedófilo. La Oficina Central para la Represión de Violencias contra Menores (Ofmin) de Francia logró rastrear el origen del material y descubrió una red activa de abusos sexuales, cuya figura central era, presuntamente, Cottineau.
El sospechoso residía en Oudon, cerca de Nantes. Había obtenido en diciembre de 2023 una licencia oficial como asistente familiar, lo que le permitió acoger legalmente a menores en su domicilio. Según los investigadores, aprovechó esta posición para cometer abusos sistemáticos.
De acuerdo con Le Parisien, tras obtener la acreditación oficial —avalada por un historial penal limpio y unas 60 horas de formación—, Cottineau comenzó a organizar violaciones en grupo en su propio domicilio. A través de la aplicación Telegram, contactó con cuatro hombres de entre 32 y 52 años, entre ellos un ciudadano belga, que habrían participado en estas salvajes violaciones Parte de los actos fueron grabados y compartidos posteriormente en redes clandestinas de pornografía infantil.
La investigación judicial abierta en septiembre de 2024 continúa en curso. Entre las víctimas identificadas se encuentra una niña con discapacidad grave, de tan solo cuatro años en el momento de los hechos. La fiscalía de Nantes ha calificado los delitos como de “extrema gravedad” y ha imputado a los cinco implicados por violación, tortura y actos de barbarie. Todos ellos se encuentran actualmente en prisión preventiva, y podrían enfrentarse a la cadena perpetua.
Este caso ha generado una ola de indignación en Francia y ha puesto en entredicho la eficacia de los controles administrativos en la selección de asistentes familiares, así como la respuesta institucional ante denuncias tempranas de abusos
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