El regreso al trabajo de un sacerdote condenado por posesión de pornografía infantil plantea un desafío para el Papa León XIV, quien enfrenta presiones para adoptar una política de tolerancia cero ante los delitos sexuales cometidos por clérigos.
El reverendo Carlo Alberto Capella, sacerdote italiano de 58 años, ha sido reincorporado a un puesto administrativo en la Secretaría de Estado de la Santa Sede tras cumplir una condena de cinco años por posesión y distribución de pornografía infantil. Este hecho ha suscitado críticas y demandas de acción por parte de grupos de defensa de víctimas de abusos cometidos por clérigos, quienes consideran que su regreso al Vaticano es inaceptable.
Capella, quien fue investigado por las autoridades estadounidenses y canadienses mientras servía como diplomático en Washington, fue condenado en un juicio penal en el Vaticano en 2018. Tras su liberación anticipada en 2022 por buena conducta, retomó su trabajo en la Secretaría de Estado en enero de 2023, con la aprobación del entonces Papa Francisco.
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El caso de Capella ha reavivado el debate sobre la política de la Iglesia respecto a los delitos sexuales cometidos por clérigos. El Papa León XIV, quien asumió el papado recientemente, enfrenta ahora la presión de grupos de víctimas y de la opinión pública para adoptar medidas más estrictas y demostrar un compromiso firme con la tolerancia cero.
El abogado de Capella, Roberto Borgogno, ha defendido la decisión de permitir su regreso, afirmando que su cliente ha mostrado arrepentimiento y que su trabajo actual no implica contacto con el público. Sin embargo, las críticas persisten, y se espera que el Papa León XIV tome una decisión que podría marcar un precedente en la gestión de estos casos dentro de la Iglesia.
La situación de Capella se suma a otros casos recientes que han puesto a prueba la postura del Vaticano frente a los abusos, como el controvertido nombramiento de un sacerdote condenado en Francia. La atención está puesta ahora en cómo el Papa León XIV manejará estos desafíos y si implementará cambios significativos en la política de la Iglesia respecto a los delitos sexuales.
