La reciente decisión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jumilla, formado por PP y Vox, de prohibir las celebraciones religiosas islámicas en espacios públicos ha provocado una oleada de reacciones.
La más llamativa, sin duda, ha sido la de la Conferencia Episcopal Española, que en un escueto comunicado ha expresado su apoyo a la postura de la Comisión Islámica de España.
"En relación a la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, nos unimos a la postura de la Comisión Islámica de España", ha señalado la CEE. Desde Añastro, resaltan que "la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. Esto debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica".
En principio, la postura de los Obispos españoles podría parecer un gesto de solidaridad interreligiosa y de defensa de la libertad de culto. Sin embargo, llama poderosamente la atención la rapidez y contundencia con la que se han pronunciado, en contraste con su habitual silencio o prudencia autoimpuesta ante otros temas sociales, políticos o legislativos que afectan directamente a los valores que supuestamente defienden.
No son pocos los católicos que ven en esta actuación una contradicción estratégica y pastoral. Mientras en otros asuntos de gran calado social y de suma importancia para los católicos, la CEE suele refugiarse en la "neutralidad institucional" o en la "prudencia pastoral", en este caso ha optado por una declaración expeditiva y sin matices.
La preocupación de fondo que expresan algunas voces críticas dentro del propio ámbito eclesial no se centra en el derecho de los musulmanes a ejercer su fe (derecho legítimo, protegido por el artículo 16.1 de la Constitución y el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), sino en el juego político que puede estar alimentando esta reacción.
¿Está la Iglesia cayendo en la trampa de legitimar a quienes aprovechan la libertad religiosa como instrumento ideológico, mientras se erosiona el espacio público de las propias tradiciones católicas? ¿Es esta intervención de los obispos un ejemplo de buenismo desorientado que ignora las estrategias de fondo contra la misma identidad cristiana en Europa?
Uno de los que se ha pronunciado contrariado por este posicionamiento del episcopado español, ha sido el joven José Andrés Calderón, conocido por ser el organizador del Rosario de Ferraz. "Duele ver cómo la conferencia episcopal defiende a los musulmanes ante la prohibición de celebrar públicamente el Ramadán en Jumilla", ha escrito Calderón en redes sociales.
José Andrés critica la actitud del episcopado español ya que "cuando prohibieron rezar el Rosario en reiteradas ocasiones en el Santuario de Ferraz miraron hacia otro lado". Además, confiesa que "duele ver cómo callaron cuando se me multó con más de 6.000 euros por rezar en la calle, cuando nos insultó hasta Zapatero y todo el acoso judicial e institucional sufrido".
"Hasta el TSJ de Madrid tuvo que salir en defensa nuestra cuando se prohibió el Rosario durante la jornada de reflexión de las elecciones europeas", añade Calderón quien concluye lamentando que ningún obispo español se ha interesado por ello y que el Cardenal Cobo ni siquiera ha querido recibirle.
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