Poder estatal sin límites: cómo proteger la libertad y la pluralidad

«El Estado soberano contemporáneo, aun cuando no alcance un dominio plenamente absoluto sobre el orden civil, se rige por una concepción del orden profundamente defectuosa, que empuja a sus agentes a ejercer una influencia desmedida sobre ciudadanos y asociaciones».

Con esta reflexión culmina David Thunder su obra The Polycentric Republic: A Theory of Civil Order for Free and Diverse Societies, distinguida con el Open Reason Prize 2025 de la Fundación Joseph Ratzinger, en la Santa Sede. El libro propone un modelo republicano que asume el pluralismo como un dato estructural de la vida social y rechaza de forma tajante el monismo: la pretensión de que el Estado pueda absorber y “resolver” la diversidad civil en nombre de una soberanía unificadora.

La noción de policentrismo retoma, con otros términos, la idea de «plurarquía» formulada por el pensador italiano Luigi Sturzo en 1935, durante su exilio londinense. Sturzo describía esta realidad como la existencia de múltiples núcleos de vida social, dotados de autonomía propia y en interacción constante, unas veces pacífica y otras conflictiva. En una república policéntrica, la sociedad civil desempeña un papel decisivo: actúa como contrapeso frente a las aspiraciones totalizadoras del poder y cultiva una actitud crítica que predispone a los ciudadanos a resistir cualquier intento de hegemonía política.

Pluralismo social y principio de subsidiariedad

La sociedad civil está compuesta por una constelación de comunidades territoriales y no territoriales, asociaciones, organizaciones económicas y entidades religiosas y culturales. Reconocer la heterogeneidad real de estos grupos obliga a pensar la subsidiariedad en dos dimensiones complementarias: horizontal y vertical.

La subsidiariedad horizontal sostiene que el Estado y las demás instancias de gobierno deben promover la iniciativa libre de los ciudadanos en actividades de interés común, repartiendo de forma equilibrada funciones y responsabilidades entre lo público y lo privado. La subsidiariedad vertical, por su parte, afirma que las competencias administrativas deben ejercerse en el nivel institucional más cercano posible a las personas, mediante una adecuada distribución de funciones entre los distintos escalones territoriales.

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Ambas formas de subsidiariedad, consideradas conjuntamente, permiten articular los intereses plurales de la sociedad y vincular el gobierno con la gobernanza a través de dinámicas ascendentes, basadas en la participación activa y la corresponsabilidad cívica.

El cuestionamiento del Estado monista

Thunder dirige una crítica de fondo a la concepción ideológica del Estado moderno en su versión más extrema: el Estado total o monista. En su núcleo se encuentra la idea de que los gobernantes poseen un derecho legítimo a ejercer un poder civil omnicomprensivo, que no reconoce realidades sociales que no puedan ser integradas o subordinadas a sí mismo. En este esquema, el Estado termina por absorber la sociedad civil y proclamar su soberanía en nombre de un “pueblo” abstracto.

Para impugnar esta visión es necesario revisar el relato que la legitima: la teoría del contrato social, que imagina el orden político como resultado de un pacto entre individuos aislados, plenamente libres e iguales, desvinculados de toda pertenencia asociativa previa. Este enfoque minimiza el arraigo de las personas en comunidades reales y reduce la sociedad civil a un elemento marginal en la génesis del poder político y en su distribución efectiva.

Fundamentar la autoridad del Estado exclusivamente en la voluntad de un “pueblo” concebido como una masa indiferenciada de individuos atomizados vacía de contenido la iniciativa de los cuerpos intermedios, aquellos «pequeños pelotones» a los que aludía Edmund Burke. Es en ámbitos como la familia, la escuela, las asociaciones profesionales o el municipio donde se forma la personalidad humana y se tejen las lealtades concretas. Ignorar su relevancia fortalece la pretensión del Estado de gobernar sin límites reales en nombre de una soberanía popular abstracta.

Cuando estos cuerpos intermedios quedan excluidos del relato sobre el origen de la autoridad democrática, su capacidad de reclamar autonomía y libertad para sus miembros se debilita. Sus reivindicaciones se enfrentan a un Estado artificialmente omnipotente que afirma actuar en nombre del pueblo, pero que en la práctica sirve sobre todo a las élites que lo dirigen. Thunder advierte que lo más alarmante de este paradigma no es únicamente la concentración de poder, sino su incapacidad estructural para reconocer las fuentes legítimas de autonomía de los múltiples grupos situados bajo su autoridad.

La república policéntrica y la gobernanza subsidiaria

La propuesta de Thunder persigue tres fines principales: evidenciar los efectos nocivos de entender la soberanía estatal como poder centralizado; formular una teoría del orden civil que favorezca la vida humana en comunidades espontáneas; y enriquecer el pensamiento federalista incorporando asociaciones no territoriales al diseño institucional.

Inspirándose en autores como Alasdair MacIntyre, F. A. Hayek y Elinor y Vincent Ostrom, Thunder contrapone la república policéntrica a cualquier forma de centralismo. La gobernanza subsidiaria, que asigna decisiones y responsabilidades al nivel institucional más adecuado, permite a los ciudadanos participar de manera efectiva en la autoridad y en las decisiones que moldean su existencia cotidiana.

El principio de subsidiariedad se presenta así como un instrumento ordenado para gestionar la pluralidad de centros institucionales que ninguna sociedad compleja puede reducir a uno solo. Sobre todo, constituye una negación del monismo: la creencia de que una única facción, convencida de poseer la verdad, puede arrogarse el derecho de homogeneizar el entramado diverso de las sociedades intermedias.

Manifestaciones actuales del poder estatal desmedido

En las últimas décadas, la tendencia totalizadora del Estado se ha expresado en una creciente hipertrofia burocrática orientada a supervisar y regular casi todos los ámbitos de la vida personal y social. Este impulso va acompañado de cargas fiscales que en numerosos países de la OCDE se sitúan en torno o por encima del 50%, necesarias para sostener la concentración de funciones que, en un esquema policéntrico, corresponderían a comunidades locales y cuerpos intermedios.

Al restringir la libertad de acción de individuos y asociaciones, este modelo estatal acaba por asfixiar el potencial científico, cultural y económico de la sociedad. El fenómeno fue evidente en los regímenes comunistas clásicos, donde la planificación central anuló la creatividad social, pero también se observa en experiencias híbridas como la china, cuyo crecimiento económico ha dependido precisamente de los espacios concedidos a la iniciativa empresarial dentro de un marco político autoritario.

En la actualidad, el totalitarismo estatal se manifiesta en diversas prácticas de gobierno, entre ellas:

• La regulación exhaustiva de la educación en todos sus niveles, desplazando a la familia y negando los derechos de las comunidades religiosas a ofrecer formación moral y espiritual.
• La imposición de ideologías funcionales al poder, visibles tanto en la gestión de la pandemia de COVID-19 como en determinadas corrientes globalistas de inspiración WOKE, que llegan a legitimar intervenciones médicas irreversibles sobre menores en nombre de una concepción radicalizada de la autodeterminación.
• La connivencia estructural entre el Estado y grandes élites económicas, donde, bajo discursos ideológicos o de seguridad, se consolidan monopolios y rentas, mientras el coste efectivo recae sobre los contribuyentes.

Frente a estas derivas, la república policéntrica y la subsidiariedad —en sus dimensiones horizontal y vertical— ofrecen un marco teórico y práctico para contener el abuso del poder estatal y reconstruir un orden civil que proteja la libertad real de las personas y de las comunidades naturales e históricas en las que se desarrolla su vida.