El Papa León XIV se refirió por primera vez en público al caso del sacerdote Marko Ivan Rupnik el pasado 4 de noviembre, en un breve diálogo con periodistas frente a la Villa Barberini de Castel Gandolfo.
Marko Ivan Rupnik, actualmente incardinado como sacerdote diocesano en Capodistria (Eslovenia), fue objeto en mayo de 2020 de una pena de excomunión por haber absuelto sacramentalmente a una cómplice de actos sexuales. Dicha censura fue levantada pocos días después por el Papa Francisco. Los demás delitos imputados no llegaron a juicio por prescripción, hasta que en octubre de 2023 se derogaron esos plazos, lo que permitió reabrir un proceso canónico sobre acusaciones de abusos persistentes en contextos de poder espiritual.
El Papa León XIV informó que el procedimiento canónico “ha empezado recientemente” y que ya han sido designados cinco jueces, entre los cuales se cuentan dos mujeres. No se han hecho públicos sus nombres. Con ello, La Santa Sede inicia un nuevo capítulo en este delicado asunto, manteniendo la confidencialidad sobre los detalles procesales.
Interrogado acerca de los mosaicos de Rupnik —más de dos centenares de obras presentes en templos de todo el mundo— el Pontífice señaló que, “por la necesidad de ser sensibles con quienes han denunciado haber sido víctimas”, algunas piezas han sido cubiertas o retiradas de páginas web. Explicó además que la Santa Sede tiene conocimiento de esta cuestión, y optó por una formulación prudente al hablar de “personas que han denunciado de ser víctimas”, subrayando así la necesidad de verificar los hechos según el rigor jurídico.
En su intervención, León XIV se ciñó a una lectura estrictamente jurídica de los hechos: “La Iglesia debe respetar los derechos de todas las personas” y “el principio de la presunción de inocencia hasta prueba contraria vale también en la Iglesia”. Con ello dejó claro que el acusado debe ser considerado inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, y que las denunciantes, en consecuencia, son por ahora presuntas víctimas. Explicó además que la reapertura del caso se debe a la derogación excepcional de la prescripción, y no debe confundirse con una declaración de inocencia.
Sobre el ritmo del proceso, el Sumo Pontífice manifestó que “los jueces y los procesos judiciales requieren mucho tiempo” y admitió que esta espera puede resultar dolorosa para quienes se sienten víctimas. No obstante, llamó a respetar los plazos necesarios y evitar expectativas precipitadas, indicando que el objetivo del juicio será proporcionar “claridad y justicia a todas las personas implicadas”.
El enfoque del Papa responde a un modelo de fidelidad al derecho canónico, reacio a presiones mediáticas o decisiones precipitadas. Como en otros casos recientes, ha preferido atenerse a la legalidad, remitiendo al proceso la decisión última sobre la culpabilidad. Esta actitud, respaldada por expertos en derecho, exige una actuación transparente por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que deberá emitir información periódica y suficiente sobre el desarrollo del juicio.
En esa línea se inscribe la decisión de designar un tribunal formado por cinco jueces independientes y ajenos a cargos curiales, un gesto que refuerza la credibilidad del procedimiento. No obstante, la ausencia de datos públicos básicos —como los nombres de los jueces o el calendario procesal— podría generar inquietud si no se acompaña de comunicaciones claras. El antecedente de silencios institucionales, que en su momento fueron revelados por “Silere non possum”, exige ahora una política de información transparente, conforme a lo que el Papa expresó el 12 de septiembre a obispos de reciente nombramiento: actuar “con sentido de misericordia y verdadera justicia”, sin ocultaciones.
En medio del desarrollo del caso, han circulado informaciones según las cuales Rupnik habría sido visto el 30 de octubre en la Basílica de Santa María la Mayor, ejerciendo como confesor y revestido según el uso dominicano. De confirmarse este dato, no contradeciría su situación canónica actual, ya que sigue siendo sacerdote desde que se le levantó la excomunión en 2020. Sin embargo, su presencia pública suscita interrogantes en el ámbito pastoral, especialmente por el dolor de las denunciantes, y refuerza la necesidad de una resolución jurídica clara acompañada de una comunicación responsable.
Con las palabras de León XIV, el rumbo queda fijado: el juicio canónico deberá determinar si las denunciantes son verdaderamente víctimas y si el acusado es culpable o inocente. Solo un proceso que se atenga al derecho, con diligencia y transparencia, podrá restaurar la justicia para todas las partes implicadas.
