España extradita a México al sacerdote acusado de abusos a menores

La Audiencia Nacional ha aprobado la extradición a México de un sacerdote español acusado de abusar sexualmente de tres niñas en un albergue de Jalisco, donde ejercía como misionero.

La justicia española autorizó la extradición a México del sacerdote español de 58 años y misionero desde 2001, identificado como Ramón L.E., acusado de agredir sexualmente a tres niñas en un albergue de Jalisco. El religioso acudía a confesar a las menores en dicho centro, donde se produjeron los hechos denunciados. La Audiencia Nacional dictó el auto favorable el pasado mes de octubre, tras la solicitud formulada por las autoridades mexicanas.

Las víctimas, dos hermanas y una tercera niña, aseguraron que el sacerdote les realizaba tocamientos cuando acudían a confesarse en el albergue cristiano donde residían durante la primavera de 2022. En aquel momento, tenían 13, 12 y 10 años y se encontraban bajo cuidado en un centro destinado a niñas en situación vulnerable.

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Las menores presentaron la denuncia después de conocer que el párroco había regresado a España. Contra el sacerdote pesaba una orden de arresto emitida por un juez mexicano desde julio de 2023. Fue detenido el pasado 28 de marzo en Zaragoza, ciudad donde nació, tras una alerta emitida por Interpol. Tras la primera vista judicial, quedó en libertad provisional con medidas cautelares.

Durante la vista celebrada en octubre ante la Audiencia Nacional, el sacerdote manifestó su rechazo a la extradición. Su defensa alegó que el religioso se encontraba en España durante las fechas en que supuestamente ocurrieron los abusos, por lo que no podría haberlos cometido.

Por su parte, la Fiscalía solicitó la entrega del acusado a México, donde está imputado por abuso sexual infantil y corrupción agravada de menores. Esta petición contó con el respaldo del tribunal español, que subrayó que no corresponde al tribunal valorar las pruebas ni la veracidad de los cargos formulados contra el sacerdote. Asimismo, descartó juzgarlo por videoconferencia al considerar imprescindible su presencia física en México para garantizar el acceso completo a las pruebas y proteger adecuadamente a las víctimas, dadas su corta edad y "especial vulnerabilidad".