El Estado fija las indemnizaciones y la Iglesia paga: así será el nuevo sistema para las víctimas de abusos
El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia en España establece un mecanismo para la reparación de víctimas de abusos sexuales a menores, con la intervención del Defensor del Pueblo como última instancia.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Justicia el contenido del acuerdo alcanzado tras dos años de negociaciones complejas entre el Estado y la Iglesia católica. Este convenio crea un procedimiento alternativo para atender a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico cuando no puedan recurrir a la vía judicial debido a la prescripción de los hechos.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAEl Estado establecerá una unidad dentro del Ministerio de Justicia encargada de gestionar las solicitudes de reparación, garantizando la confidencialidad de los afectados. Las compensaciones podrán ser económicas, morales, psicológicas, restaurativas o una combinación de estas modalidades. La petición será remitida a una unidad de víctimas supervisada por el Defensor del Pueblo, que la presentará tanto a la víctima como a la Iglesia. Si ambas partes aceptan, la Iglesia procederá al pago correspondiente en caso de indemnización económica.
En caso de desacuerdo, se convocará una segunda instancia con la participación de la Iglesia, el Estado y las víctimas para intentar consensuar una solución. Si no se logra un acuerdo, prevalecerá la decisión del Defensor del Pueblo. El ministro subrayó que la cuantía de la indemnización la determina el Estado español, mientras que la Iglesia es responsable de su abono.
Este acuerdo, vigente por un año prorrogable por otro más, se limita a víctimas de abusos ocurridos en el seno de la Iglesia Católica en España.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, destacó que esta iniciativa se suma a los esfuerzos que la Iglesia está realizando en sus diócesis y congregaciones. Señaló que en el trabajo con oficinas diocesanas se han detectado casos de abusos en otros ámbitos, como el deporte, la educación pública o centros de protección de menores, y expresó la importancia de que la futura ley de protección de la infancia contemple un mecanismo similar al de la comisión PRIVA para ofrecer reparación a víctimas de casos prescritos en otros sectores.
Además, Argüello manifestó su interés en que las indemnizaciones queden exentas de tributación.
En la misma comparecencia, el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, enfatizó el compromiso moral de la Iglesia al asumir la reparación de casos prescritos y la apertura de una nueva vía para personas que no desean acudir a la comisión PRIVA, reconociendo el trabajo que esta última realiza. Valoró las indemnizaciones ya efectuadas, las labores de prevención y la implicación de la Iglesia y sus congregaciones, y afirmó que la sociedad debe comprometerse con todas las víctimas, incluidas aquellas que no sufrieron abusos en el ámbito eclesiástico.
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