La Iglesia española respalda investigar abusos a menores tutelados y pide exención fiscal
La CEE apoya la iniciativa del Defensor del Pueblo y reclama que las indemnizaciones a víctimas no tributen
La Iglesia española, a través de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha mostrado su respaldo a la solicitud del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para investigar la explotación sexual de menores bajo tutela, al tiempo que ha reiterado su petición de que las indemnizaciones a las víctimas de abusos queden exentas de tributación.
La iniciativa del Defensor se enmarca en el informe correspondiente a 2025, presentado esta semana en el Congreso, y ha sido valorada positivamente por la CEE, que considera necesario arrojar luz sobre esta realidad. Desde la Iglesia subrayan la importancia de abordar estos casos en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el eclesial.
En paralelo, los obispos han insistido en una de sus demandas clave: que las indemnizaciones a víctimas de abusos no estén sujetas a impuestos. Recuerdan que actualmente esta exención solo se aplica en Navarra y consideran necesario extenderla al conjunto de España para evitar una carga añadida a quienes ya han sufrido.
Fuentes de la CEE explican que esta petición forma parte del acuerdo alcanzado el pasado 8 de enero con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que prevé una nueva vía de reparación a través del Defensor del Pueblo para las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, especialmente aquellas que no pueden acudir a la justicia.
Este sistema se apoya en el Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos (PRIVA), que la Iglesia define como una iniciativa de carácter “estrictamente moral”, no legal, destinada a ofrecer respuesta a quienes no han encontrado reparación por otras vías. Según destacan, este mecanismo “está funcionando” y contempla compensaciones que, en algunos casos, superan las fijadas por sentencias civiles.
¿Nos ayudas? ¿un café?La Iglesia insiste en que este modelo de reparación no se limita al ámbito económico, sino que incluye acompañamiento personal, apoyo psicológico y procesos de acogida y encuentro con las víctimas. En este sentido, recalca que el sistema seguirá activo independientemente de los acuerdos institucionales.
El papel del Defensor del Pueblo, según el acuerdo, será facilitar un canal adicional para que las víctimas puedan presentar sus casos sin necesidad de acudir directamente a la Iglesia. Sin embargo, desde la CEE se subraya que este procedimiento debe ser “complementario, no alternativo”, evitando duplicidades o diferencias en los criterios de reparación.
Los obispos advierten de que cualquier modificación en este punto podría alterar el acuerdo firmado con el Gobierno, especialmente en lo relativo a que no existan dos vías distintas para un mismo caso.
El convenio, cuya firma estaba prevista inicialmente para febrero, establecerá un sistema mixto de reparación con una duración de un año, prorrogable a dos, durante el cual las víctimas podrán presentar sus solicitudes. Además, deberá definir el estatuto básico de las víctimas, incluyendo el reconocimiento de su condición y las distintas formas de reparación: económicas, simbólicas, restaurativas y de apoyo psicológico o psiquiátrico, también extensible a sus familias.
Este desarrollo se enmarca en el compromiso del Gobierno de avanzar en la aplicación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Desde la CEE valoran que este enfoque pueda extenderse a otros ámbitos sociales, tal y como expresó su presidente, Luis Argüello, al señalar la posibilidad de ampliar el modelo de reparación más allá del ámbito eclesial.
Por su parte, el ministro Félix Bolaños ha insistido en que el acuerdo firmado se centra exclusivamente en las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, aunque ha recordado que la legislación vigente ya contempla medidas para abordar estos delitos en toda la sociedad.
Con todo, la Iglesia española reafirma su compromiso con la reparación integral de las víctimas y con la mejora de los mecanismos de atención, al tiempo que reclama medidas que eviten nuevas cargas para quienes han sufrido abusos.
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