La Iglesia española firma con el Gobierno un protocolo para reparar a las víctimas de abusos
CEE y CONFER refuerzan su compromiso con un sistema de reconocimiento y compensación que incluye indemnizaciones exentas de impuestos.
La Iglesia Española ha dado un nuevo paso en su compromiso con las víctimas de abusos sexuales al firmar un protocolo con el Gobierno y el Defensor del Pueblo para regular el reconocimiento y la reparación de estos casos, especialmente aquellos ya prescritos.
El acuerdo, suscrito este 30 de marzo por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, desarrolla el compromiso alcanzado el pasado 8 de enero y establece un sistema estructurado de atención a las víctimas.
Desde la Iglesia subrayan que este paso responde a su voluntad de avanzar “como Iglesia que peregrina en España, en su compromiso con las víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia”.
El protocolo organiza el funcionamiento del sistema de reparación, apoyándose en el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), que ya está en marcha desde 2025 y ha atendido más de un centenar de solicitudes.
¿Nos ayudas? ¿un café?Una de las principales novedades es la creación de una nueva vía de acceso para las víctimas, que podrán acudir a través del Defensor del Pueblo. Según el texto, este sistema “demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, destacando el papel clave de la colaboración institucional.
El modelo contempla distintas modalidades de reparación. Por un lado, medidas simbólicas y restaurativas, orientadas al reconocimiento institucional, el acompañamiento y la petición de perdón; y por otro, compensaciones económicas por el daño causado, incluidos los gastos derivados de secuelas físicas o psicológicas.
Estas indemnizaciones se ajustarán a criterios como la gravedad de los abusos y el daño sufrido, teniendo en cuenta posibles compensaciones previas.
El protocolo también define el papel de cada institución. El Ministerio creará una Unidad de Tramitación para gestionar las solicitudes, mientras que el Defensor del Pueblo constituirá una Unidad de Víctimas encargada de evaluar cada caso de forma individualizada mediante un equipo independiente.
Por su parte, la Iglesia —a través de la Comisión Asesora del PRIVA— emitirá informes sobre cada caso, en un proceso que prevé mecanismos de resolución en caso de discrepancias.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la exención fiscal de las indemnizaciones. El Gobierno ha aceptado que estas compensaciones económicas no tributen, especialmente en el impuesto sobre la renta, una demanda reiterada por la Iglesia.
El sistema tendrá carácter temporal, con una duración inicial de un año —prorrogable— y estará destinado a casos que no puedan ser juzgados, bien por prescripción del delito o por fallecimiento del agresor.
Además, se subraya que este mecanismo no nace de una obligación legal, sino de un “compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”, reforzando así la dimensión ética de esta iniciativa.
El nuevo sistema entrará en vigor el próximo 15 de abril, una vez finalicen los trabajos técnicos entre la comisión del PRIVA y el equipo del Defensor del Pueblo para concretar los criterios de reparación.
Con este protocolo, la Iglesia española refuerza su implicación en la reparación integral de las víctimas, apostando por un modelo que combina reconocimiento, acompañamiento y compensación, en colaboración con las instituciones públicas.
Me gusta
Citar
