El estado de Washington renuncia a la ley que obligaba a los sacerdotes a romper el secreto de confesión

El estado de Washington ha decidido no aplicar la ley que obligaba a los sacerdotes a violar el secreto de confesión, según anunció la Alianza Defendiendo la Libertad.

En un giro significativo, el estado de Washington ha acordado oficialmente abandonar cualquier intento de hacer cumplir una ley que amenazaba con penas de cárcel y multas a sacerdotes católicos y ortodoxos por no violar el secreto de confesión. Esta decisión fue comunicada por la Alianza Defendiendo la Libertad (ADF) tras un prolongado litigio que involucró a obispos católicos y otras entidades religiosas.

El Senado Bill 5375, promovido por la senadora demócrata Noel Frame, buscaba obligar a los sacerdotes y otros líderes religiosos a informar a las autoridades sobre confesiones de supuestos abusos. Sin embargo, la violación del secreto de confesión es un delito que conlleva la excomunión en la Iglesia Católica. Tanto Frame como el gobernador demócrata liberal Bob Ferguson mencionaron su fe católica durante los debates sobre el proyecto de ley.

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Desde el verano, la ley había sido suspendida por el Tribunal del Distrito Oeste de Washington tras una impugnación presentada por los obispos católicos. Las iglesias ortodoxas también presentaron una demanda similar en el Tribunal del Distrito Este de Washington. Estas acciones legales culminaron en acuerdos anunciados por la ADF y el Becket Fund for Religious Liberty, que ponen fin de manera permanente a cualquier acción de ejecución por parte de los fiscales estatales y del condado.

Un abogado de la ADF destacó la importancia de estos acuerdos. "La Primera Enmienda garantiza que los gobiernos no pueden discriminar a los creyentes religiosos con un trato peor", afirmó John Bursch, abogado principal y vicepresidente de Apelaciones de la ADF, en un comunicado de prensa. "Washington estaba apuntando a los sacerdotes al obligarlos a romper la sagrada confidencialidad de la confesión mientras protegía otras comunicaciones confidenciales, como las entre abogados y sus clientes", añadió Bursch. "Eso es una discriminación religiosa flagrante. Nos complace que el estado haya acordado restaurar rápidamente la libertad constitucionalmente protegida de las iglesias y los sacerdotes".

El Becket Fund for Religious Liberty, que representó a los obispos católicos, celebró igualmente el acuerdo en una declaración enviada por correo electrónico a LifeSiteNews. "Washington fue sabio al alejarse de esta ley draconiana y permitir que el clero católico continúe ministrando a los fieles", declaró Mark Rienzi, presidente y director ejecutivo. "Esta es una victoria para la libertad religiosa y para el sentido común. Los sacerdotes nunca deberían verse obligados a tomar la imposible decisión de traicionar sus votos sagrados o ir a la cárcel".

La ley había enfrentado una avalancha de presión legal además de las dos demandas. De manera similar, el Departamento de Justicia federal solicitó intervenir en el caso y anunció una investigación sobre el estado por aprobar la ley. Los obispos católicos habían dejado claro que no cumplirían con la ley.

A lo largo del debate sobre esta legislación, que había pasado por varias versiones en los últimos años, los patrocinadores y partidarios ignoraron numerosas advertencias sobre los problemas relacionados con la libertad religiosa planteados por un obispo católico, ministros protestantes y académicos legales. El académico legal Jonathan Turley, profesor de la Universidad George Washington, criticó duramente a los demócratas por "agregar una quinta etapa para las confesiones bajo una nueva ley" y calificó el proyecto como "flagrantemente inconstitucional".

"Dejando de lado la obvia violación de la santidad del confesionario, presenta un problema novedoso para los sacerdotes si alientan a los fieles a desahogarse mientras al mismo tiempo les recuerdan que cualquier cosa que digan puede ser utilizada en su contra", concluyó Turley.