La reciente expulsión de cristianos de Turquía, considerados por el gobierno como una amenaza para la seguridad nacional, ha suscitado preocupación internacional sobre la libertad religiosa en el país.
En el marco de una conferencia sobre derechos humanos celebrada en Varsovia el pasado 13 de octubre, Lidia Rieder, experta jurídica de la Alliance Defending Freedom International (ADF), denunció que los cristianos están siendo objeto de persecución por parte del gobierno turco. Rieder afirmó que "el hecho de que Turquía califique a pacíficos residentes cristianos de 'amenazas a la seguridad' constituye un abuso flagrante de los derechos y una violación de la libertad de religión o creencia". Además, subrayó que la manipulación de los sistemas administrativos o de inmigración para excluir a personas por su fe atenta contra el Estado de derecho y los principios de tolerancia y coexistencia pacífica que la OSCE busca proteger.
Actualmente, la población turca es mayoritariamente musulmana, con un 99% de sus habitantes profesando esta religión, mientras que los cristianos representan menos del 1%. Según un comunicado de la ADF, desde 2020, más de 200 trabajadores cristianos extranjeros y sus familias, sumando aproximadamente 350 personas, han sido expulsados de Turquía. A estas personas se les han asignado códigos de seguridad como N-82 y G-87, lo que les prohíbe regresar al país y las clasifica como amenazas a la seguridad nacional.
Un informe de 2024 de la Iniciativa para la Libertad de Creencia confirmó las conclusiones de la ADF, señalando que los cristianos son la minoría religiosa más perseguida en Turquía, con más de 50 incidentes reportados desde 2020. En respuesta a las declaraciones de Rieder, la embajada de Turquía en Washington remitió a un comunicado del Centro de Lucha contra la Desinformación del país, que negó categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de "totalmente infundadas y parte de una campaña de desinformación deliberada".
En su intervención, Rieder también mencionó el caso Wiest contra Turquía, relacionado con la libertad religiosa y que será llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este caso involucra a Kenneth Wiest, un ciudadano estadounidense cristiano que vivió legalmente en Turquía durante más de treinta años con su familia, pero al que se le negó la entrada al país en 2019 sin pruebas de infracción alguna. Rieder destacó que "las prohibiciones de entrada y expulsiones se utilizan cada vez más para silenciar a los trabajadores cristianos extranjeros, mientras que la formación teológica sigue estando fuertemente restringida". Además, señaló que los seminarios protestantes continúan sin obtener un estatus legal y que la enseñanza bíblica está prohibida, en contraste con los cursos de teología islámica, que son permitidos y controlados por el Estado. Las propiedades de las iglesias también enfrentan restricciones injustas, obligando a congregaciones como la de Bursa a abandonar sus lugares de culto tradicionales.