El concurso para remodelar el Valle de los Caídos queda suspendido tras denuncias por irregularidades
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha decretado la suspensión cautelar del concurso de ideas para la resignificación del Valle de los Caídos, tras detectarse posibles irregularidades en los pliegos de contratación. La paralización temporal responde a dos recursos interpuestos por los arquitectos Benjamín José Cano Domínguez e Ismael de la Barba, este último en representación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Ambos profesionales han impugnado los términos del procedimiento, señalando deficiencias técnicas y legales en los documentos que rigen el concurso, convocado por la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, dependiente del Ministerio de Vivienda. En sus alegaciones, advierten de que el proyecto es inejecutable tal como está planteado, por no contemplar aspectos urbanísticos y medioambientales obligatorios.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAEl tribunal considera que seguir con el procedimiento podría acarrear perjuicios irreparables
La resolución judicial, a la que han tenido acceso distintos medios, argumenta que continuar con el concurso mientras se dirime el fondo del recurso podría causar daños de difícil o imposible reparación, motivo por el cual se ha acordado la paralización de manera cautelar. Esta medida no afecta al plazo de presentación de propuestas, que continúa vigente, aunque las ofertas no serán valoradas hasta que se resuelva el litigio.
El concurso para resignificar el Valle de los Caídos —denominado oficialmente “Memorial de Cuelgamuros”— contempla una inversión de 30 millones de euros, de los cuales 4 millones están destinados a premios y redacción del proyecto, y los 26 restantes a museografía, construcción y ejecución de las obras.
La previsión inicial del Ejecutivo pasaba por realizar una primera fase abierta en la que un jurado seleccionaría diez finalistas. Cada uno recibiría un premio de 60.500 euros, al que se sumaría otro tanto para el ganador en concepto de anticipo. Según el calendario fijado por el Gobierno, el nombre del proyecto seleccionado se anunciaría en septiembre de 2025, y la licitación de las obras se realizaría antes de finalizar 2026.
El entorno protegido impide transformaciones sin un plan especial
Entre los argumentos presentados por los recurrentes destaca la ausencia de un Plan Especial, requisito imprescindible según las Normas Subsidiarias vigentes en San Lorenzo de El Escorial. Estas normativas, aprobadas en 1999, establecen que las parcelas afectadas forman parte de suelo no urbanizable especialmente protegido por su valor forestal, lo que impone restricciones severas a cualquier intervención urbanística o edificatoria.
El recurso de De la Barba subraya que las actuaciones previstas implican una fuerte carga de obras de acondicionamiento, que solo podrían ejecutarse previa aprobación de un instrumento urbanístico específico. Además, cuestiona que los pliegos no contemplen ni la modificación del catálogo de protección ni un procedimiento ambiental, extremos que afectarían a la viabilidad legal del proyecto.
Por otro lado, el planteamiento del Ejecutivo incluye intervenciones en áreas de culto como las capillas laterales o la nave principal, lo que ha generado preocupación en ámbitos eclesiales. La Conferencia Episcopal Española ya advirtió que no ha sido consultada sobre esta actuación y recordó que deben respetarse los acuerdos con la Santa Sede sobre el uso litúrgico del recinto, la preservación de símbolos religiosos y la continuidad de la vida benedictina.
El Gobierno sostiene que se trata de un “lugar de memoria complejo” y ha defendido la necesidad de que el proyecto lo lleve a cabo un equipo multidisciplinar. No obstante, las tensiones entre el planteamiento oficial y las exigencias legales, urbanísticas y religiosas podrían ralentizar de forma significativa el proceso de transformación del enclave.
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