En este texto, publicado ayer en Germinans Germinabit, se analizan con detalle las tensiones internas que atraviesan la Iglesia en Barcelona y su entorno, en un contexto de creciente secularización y de acusaciones de apagón doctrinal por parte de sectores críticos con la actual orientación pastoral.
Un conjunto de episodios recientes en España refleja tensiones internas en la Iglesia Católica, especialmente en la Archidiócesis de Barcelona y su entorno, en un contexto de fuerte secularización y polarización eclesial. Diversos sectores tradicionalistas denuncian restricciones a actividades de perfil doctrinal clásico mientras se permiten iniciativas vinculadas a espiritualidades alternativas o a colectivos LGTBI+, lo que interpretan como un “apagón doctrinal” y una deriva progresista en la jerarquía.
En el plano general, los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2024 sitúan a los católicos practicantes regulares en torno al 15% de la población, con un descenso sostenido desde los años ochenta. Entre 2020 y 2025 se registra en Cataluña una reducción del 20% en el número de sacerdotes diocesanos y religiosos, y la edad media del clero supera los 60 años en la mayoría de diócesis españolas. Paralelamente, se describe una polarización entre corrientes progresistas, mayoritarias en la jerarquía pero en retroceso por falta de relevo, y corrientes tradicionalistas, minoritarias pero en expansión entre laicos y clero joven, con incremento de vocaciones.
En Cataluña, marcada por una fuerte secularización y presencia de ideología laicista en las instituciones, los debates sobre eutanasia, aborto, ideología de género y derechos LGTBI+ penetran en ámbitos eclesiales. Barcelona se presenta como foco de estas tensiones, con presencia de movimientos tradicionalistas, asociaciones de fieles y comunidades de misa tridentina. Bajo el cardenal Juan José Omella, arzobispo desde 2015, la archidiócesis sigue una línea pastoral descrita como postconciliar progresista, con énfasis en la sinodalidad, el diálogo interreligioso y ecuménico y un perfil bajo en cuestiones morales controvertidas, al tiempo que promueve actividades culturales que incluyen yoga o mindfulness, consideradas por algunos sectores como contrarias a la doctrina católica.
En este marco se sitúan varios casos concretos. El 30 de octubre de 2024 se canceló en la parroquia de Sant Jordi (Barcelona) una charla del sacerdote Javier Olivera Ravasi sobre “El noviazgo católico”, centrada en la castidad prematrimonial y el matrimonio, organizada por la asociación laical Palestra Christiana. La orden de cancelación fue verbal, sin decreto escrito ni explicación formal, pese a que el contenido se ajustaba al Catecismo (CEC 2350-2359). El propio Olivera reaccionó con un vídeo en internet, que alcanzó decenas de miles de visualizaciones.
Un patrón similar se observa en la cancelación de la conferencia del sacerdote Manuel Viñas, prevista para el 18 de enero de 2025 en la parroquia de Santa Eulalia de Provençana (L’Hospitalet). El ciclo “Cristología patrística para la vida espiritual” se centraba en autores como Ignacio de Antioquía, Ireneo de Lyon, Atanasio y Cirilo de Alejandría. Autorizada inicialmente por el párroco, la actividad fue vetada tras la intervención del arcipreste, que transmitió que «no convenía» mantenerla «por indicación del Obispado de Sant Feliu» y que «conviene evitar eventos que puedan interpretarse como corrientes doctrinalmente rígidas». No se ofreció motivación escrita, y el caso fue comentado en el consejo pastoral parroquial.
El 12 de enero de 2025 se canceló también en Sant Jordi una charla del sacerdote Christian Viñas sobre “Cristo Rey y Quas Primas”, dedicada a la encíclica de Pío XI sobre la realeza social de Cristo y la crítica al secularismo, sin que trascendiera un motivo oficial. En contraste, el 11 de noviembre de 2025 se celebró en el Santuario de Pompeia una conferencia del capuchino Mathew titulada “Una mirada al Yoga”, sobre beneficios físicos y espirituales de esta práctica, incluida en la agenda oficial de la archidiócesis pese a las advertencias de un documento de 1989 de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el riesgo de sincretismo.
Fuera de Barcelona, el 17 de noviembre de 2025 tuvo lugar en la iglesia de Santa María la Real de Sevilla un acto de acogida al colectivo Ichthys, católicos LGTBI+, con colocación de una bandera arcoíris en el presbiterio, autorizado por la comunidad dominica. La retirada de la bandera por un miembro de la asociación Orate Fratres provocó un altercado y acusaciones cruzadas, en un contexto de debate sobre la interpretación de los números 2357-2359 del Catecismo sobre los actos homosexuales.
Otro episodio fue la denegación del uso de un convento dominico de Barcelona para la presentación del libro Historia de la Iglesia Católica. Vol. I: Edad Antigua, del sacerdote argentino Gabriel Calvo Zarraute, doctor en Historia Eclesiástica. La negativa, atribuida al superior provincial de los dominicos y sin explicación escrita, obligó a trasladar el acto a un hotel de la ciudad, donde se desarrolló sin incidentes.
En paralelo, el caso del sacerdote Custodio Ballester ilustra la dimensión civil y judicial de estas controversias. Párroco en L’Hospitalet, mantuvo entre 2014 y 2017 conflictos con el ayuntamiento, gobernado por la alcaldesa Núria Marín, por procesiones con exlegionarios y sermones críticos con la homosexualidad, que calificó de “pecado gravísimo” y vinculó a una “dictadura” de leyes antihomofobia. El consistorio llegó a denegar permisos para una procesión, y el arzobispado lo apartó en 2017 para un “año sabático”.
Además, una carta de 2016 y una intervención de 2017 en un programa de internet sobre el islam motivaron una denuncia por delito de odio presentada por la Asociación de Musulmanes Españoles contra la Islamofobia. Ballester, junto con el también sacerdote Jesús Calvo y el periodista Armando Robles, fue procesado por la Audiencia Provincial de Málaga. El 17 de octubre de 2025, el tribunal los absolvió al considerar que, «por muy despreciable o perverso que sea el mensaje, o incluso si las declaraciones pueden ser claramente ofensivas o desafortunadas», no constituían delito. Tras la sentencia, Ballester agradeció el apoyo recibido: «Doy gracias a Dios y al pueblo cristiano que me ha apoyado con sus oraciones y su presencia en el juicio», y advirtió sobre un posible recurso de la fiscalía al afirmar que «mi sentencia ha enfadado mucho a la fiscalía porque frena todos los procedimientos contra la libertad de expresión... Van a apelar a los tribunales superiores».
Fuente: Apagón doctrinal en Barcelona
