Un informe independiente revela abusos espirituales y control psicológico en las Benedictinas del Sagrado Corazón de Montmartre.
El documento, fechado en enero de 2026, detalla que durante varias décadas se produjeron abusos espirituales y dinámicas de sometimiento psicológico dentro de la congregación de las Benedictinas del Sagrado Corazón de Montmartre (BSCM). La investigación fue realizada por una comisión independiente creada para esclarecer los hechos, reconocer los daños causados y establecer medidas de reparación.
La comisión trabajó con autonomía plena para definir su composición y metodología, seleccionando libremente a las personas entrevistadas y accediendo sin restricciones a los archivos. Sus miembros, voluntarios y con perfiles diversos en áreas como la escucha, el derecho civil y canónico, la historia, la teología, la medicina y la auditoría, actuaron bajo estricta confidencialidad. El informe señala que la investigación abordó aspectos muy íntimos de la vida religiosa y que la escucha de testimonios podía reactivar recuerdos dolorosos, aunque consideró esta fase esencial para romper el silencio y establecer los hechos de forma completa e imparcial.
La metodología combinó un cuestionario de 110 preguntas con 116 entrevistas a religiosas y exreligiosas, que permitieron verificar la aplicación de medidas adoptadas en 2014 y reconstruir experiencias, prácticas y dinámicas de gobierno. La comisión evaluó abusos ocurridos entre 1969 y 2012, revisando 1.489 hechos relacionados con disfunciones de gobernanza, agrupados en ocho ámbitos de la vida comunitaria.
El informe clasifica los abusos en diferentes tipologías y porcentajes, destacando los relacionados con la “autoridad” (34%), seguidos por “influencia psicológica” (13%), “maltrato físico” (13%), “maltrato psicológico” (13%) y “abuso espiritual” (8%). Además, identifica tres bloques del 6% vinculados a las constituciones, el poder financiero y el culto a la personalidad, que habrían contribuido a reforzar dependencias y dificultar la crítica interna.
Uno de los puntos centrales del informe es la gobernanza ejercida por Mère Marie-Agnès (MMA), cuya autoridad se describe como “primordial, absoluta y única”, con un ejercicio considerado “excesivo e inapropiado”. La comisión indica que esta situación se agravó a partir de 2004, momento en el que, según una religiosa, “después de ese capítulo general, de 2004 a 2014, todo estalló y se convirtió en un Estado policial.”
La comisión relaciona esta autoridad abusiva con mecanismos de control sobre la vida diaria, el discernimiento vocacional y las relaciones externas. Entre las prácticas mencionadas figuran la entrada acelerada en la comunidad, que impedía un discernimiento adecuado, y sistemas de rendición de cuentas como las “fichas horarias”, utilizadas para una supervisión sistemática. El informe también describe una ruptura de vínculos con el exterior, incluyendo la familia, y un ambiente de vigilancia y corrección constante, con expresiones como “Vigilancia y reprimendas.”
Se recogen testimonios sobre el control de las comunicaciones y la pérdida de confianza, con frases como: “Me entregaban el correo abierto. Después empecé a desconfiar.” Estos episodios forman parte de un conjunto de prácticas que, según la comisión, favorecieron el aislamiento, limitaron la autonomía y erosionaron la capacidad de contraste con el entorno.
En cuanto a las consecuencias, el informe indica que el 66% de los abusos documentados tuvo un impacto psicológico, manifestado en aislamiento, pérdida de autoestima, dependencia, desorientación interior y deterioro de la cohesión comunitaria. Los testimonios reflejan la interiorización de la culpa y la anulación del criterio personal, con afirmaciones como: “Veía que lo que pasaba no era normal. Eso me hizo reflexionar por dentro, pero estaba programada: ‘eres tú la que es mala’.”
Respecto a la “influencia psicológica” y el “maltrato psicológico”, el documento describe un clima de amenaza y culpabilización, presiones sobre la conciencia, temor a represalias y sensación de ausencia de salida real. Entre las citas recogidas figura: “Funcionaba como una secta. Me reprochaban errores amenazándome con no volver a tener locutorio con mis padres.” También se incluye la frase: “Estaba violada psíquica y espiritualmente.”
El informe señala que el 13% de los abusos tuvo consecuencias físicas, con referencias a medicación, agotamiento, deterioro y falta de atención adecuada en algunos casos. Las entrevistadas describen secuelas con expresiones como: “Engordé 25 kilos.” y “Tomé Urbanyl durante 4 años y solo supe después de 3 años que era un ansiolítico.” Estos elementos forman parte del balance del daño y justifican la necesidad de medidas concretas de cuidado y acompañamiento.
En el apartado dedicado a la reparación, la comisión sostiene que el proceso requiere un reconocimiento institucional de las derivas que, según el informe, no se vieron o no se quisieron ver. Se alude a responsabilidades en distintos niveles de supervisión y se subraya que la reparación no puede limitarse a declaraciones, sino que debe traducirse en acciones verificables. En este contexto, se incluye una cita atribuida al pontífice: “La misericordia no dispensa del deber de reparar.”
La comisión independiente formula 58 recomendaciones dirigidas tanto a la vida interna de la congregación como a los controles externos. Entre ellas, propone reforzar el acompañamiento y la supervisión de las responsables locales, consolidar procedimientos de gobierno que eviten arbitrariedades y garantizar recursos de atención física y psicológica para quienes lo necesiten, dentro y fuera de la congregación.
En el ámbito institucional, se plantean mejoras en la vigilancia y el seguimiento por parte de las instancias eclesiales para evitar la repetición de dinámicas de impunidad o silenciamiento. Además, la comisión propone un seguimiento temporal de las medidas, con la intención de regresar entre 18 y 24 meses para evaluar su aplicación y, si procede, valorar la publicación de un informe complementario.
El informe presenta sus conclusiones como una base para una reparación efectiva, que incluya el reconocimiento del sufrimiento, la clarificación de prácticas concretas y un conjunto de recomendaciones. Asimismo, vincula la credibilidad del proceso al cumplimiento real de los compromisos, al acceso a cuidados para las afectadas y a la consolidación de un marco de gobierno que impida que la autoridad vuelva a convertirse en un instrumento de control y sometimiento.
