Pedro Sánchez ha advertido a la Iglesia de que adoptará medidas si no asume el plan antiabusos diseñado por el Gobierno y las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró ayer el tradicional encuentro de Navidad con los medios de comunicación en el que hizo balance de su gestión durante este año, y, según relata la agencia EFE, en uno de los corrillos informales celebrados en el Palacio de la Moncloa explicó que “están trabajando con la Conferencia Episcopal para llegar a un acuerdo en el que la Iglesia asuma las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en su seno”, al tiempo que “ha advertido de que, si no hay tal acuerdo, tomarán medidas”.
En esta conversación, Sánchez no habría concretado ni qué tipo de medidas adoptaría ni en qué se traduce exactamente el plan antiabusos del Gobierno, si bien desde la agencia solo se detalla que “el Gobierno ha trasladado a la jerarquía eclesiástica, tanto aquí como en el Vaticano, su determinación de que la Iglesia cumpla con su responsabilidad ante los casos de abusos”.
Desde septiembre del pasado año, la Iglesia ha activado el llamado Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA), un proyecto conjunto de la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), al que ya se han sumado más de cien víctimas y que se ha traducido en indemnizaciones por más de 1,5 millones de euros.
Esta iniciativa contó desde el primer momento con el rechazo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, así como de algunas asociaciones de víctimas, hasta el punto de que el pasado octubre viajó a Roma para reunirse con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y tratar de que el Vaticano hiciera rectificar a los obispos españoles, aunque la Santa Sede ha respaldado públicamente a la Iglesia española, apelando al diálogo con el Ejecutivo.
Desde noviembre se han celebrado varias reuniones técnicas entre los equipos de Moncloa y la Iglesia para abrir una tercera vía de indemnizaciones, supervisada por el Defensor del Pueblo, destinada a las víctimas que no confíen en el plan PRIVA de la Iglesia, de modo que la Asamblea Plenaria de otoño y los superiores mayores de la CONFER habrían dado su visto bueno al último borrador, aunque de nuevo Bolaños habría cuestionado la fórmula presentada.
Tal y como desveló ayer Vida Nueva, la reciente reunión mantenida entre el Episcopado y el Gobierno hace unos días habría sido tensa, con un tono más duro en las advertencias hacia la Iglesia que los comentarios públicos de Sánchez, y esta revista ha podido confirmar además que la semana pasada el ministro Bolaños se dirigió por carta formal de nuevo al cardenal Parolin.
