Denuncian al obispo de Huesca por el encubrimiento de abusos en México
Un ciudadano mexicano ha presentado una denuncia contra el obispo de Huesca, acusándolo de encubrir durante años los abusos de un sacerdote escolapio en México.
Un ciudadano mexicano, Javier Alcántara, de 31 años, ha interpuesto una denuncia contra el actual obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, por presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en su infancia a manos del sacerdote escolapio José Miguel Flores Martínez. Alcántara sostiene que Aguado, durante su mandato como superior general de los escolapios —cargo que ocupó desde 2009 hasta junio de 2025—, tenía conocimiento desde 2010 de las denuncias contra el religioso y que no actuó hasta nueve años después.
Según la denuncia presentada el pasado mayo ante la fiscalía de Ciudad de México, Alcántara afirma haber sido víctima de violaciones y abusos entre 2006 y 2010, cuando tenía entre 11 y 15 años, en las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y del Sagrado Corazón. El sacerdote, amigo de la familia, fue trasladado de México a España y posteriormente a Ecuador, presuntamente para evitar investigaciones, antes de regresar a su país.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAEl relato del exreligioso Baltazar Sánchez, entonces superior de la comunidad donde se cometieron los abusos, respalda parte de la acusación. En declaraciones a El País, asegura haber informado personalmente a Aguado en 2010 “de los abusos de Flores sobre al menos dos menores”, y que el traslado del sacerdote se produjo inmediatamente después. Sánchez fue enviado a Estados Unidos, mientras Flores salía hacia España. De ser cierto, Aguado habría incumplido la obligación legal de denunciar los hechos ante las autoridades mexicanas.
Pedro Aguado niega haber tenido conocimiento previo de los abusos. Asegura que la primera información sobre el caso llegó a la orden en 2019, cuando la víctima —ya adulta— denunció al sacerdote. En ese momento, dice, abrió una investigación canónica que culminó en 2020 con la expulsión del sacerdote del clero. Flores falleció en 2022. El obispo califica como “gravísimo” que el religioso continuara celebrando misa tras esa expulsión y considera “una imprudencia pastoral” el homenaje que recibió tras su muerte.
La víctima, sin embargo, afirma que el cura continuó ejerciendo hasta su fallecimiento y que lo advirtió reiteradamente a Aguado por correo electrónico, incluso aportando fotos de misas celebradas en 2021. En esos mensajes, el entonces superior general le respondió que Flores “tenía absolutamente prohibido comunicarse con nadie salvo con su madre” y que verificaría la información. Pese a ello, las imágenes muestran al religioso rodeado de menores y en actos litúrgicos posteriores a su supuesta reclusión. El obispo defiende que Flores fue enviado en 2019 a una casa escolapia en Peralta de la Sal, Huesca, “sin contacto con menores” y “con la prohibición de ejercer el ministerio sacerdotal”, aunque admite que en ese período la orden no tuvo medios para controlar totalmente su comportamiento.
Tras la publicación de las informaciones, la Orden de las Escuelas Pías difundió un comunicado negando cualquier encubrimiento por parte de Aguado. La congregación asegura que “la primera noticia de los hechos se tuvo en 2019” y que antes de esa fecha no existía constancia de denuncias ni de otras víctimas. Sostienen que se actuó “de inmediato” abriendo una investigación interna, remitiendo un informe a la Santa Sede y expulsando al sacerdote en octubre de 2020.
En siete puntos, los escolapios expresan su “profundo dolor e indignación” por los abusos, agradecen “la valentía de la víctima” al denunciar y reconocen que “la sanación de las heridas requiere tiempo y compromiso”. También aseguran haber ofrecido al denunciante apoyo educativo, económico y pastoral durante el proceso, aunque admiten que “nunca será suficiente frente a algo tan terrible”. La orden insiste en que nunca tuvo conocimiento de que el exescolapio siguiera ejerciendo el sacerdocio tras su expulsión y señala que solo conocieron las posibles infracciones gracias a la denuncia de la víctima, después del funeral del sacerdote en 2022, cuya celebración califican igualmente como “una clara imprudencia pastoral”.
El caso está ahora en manos de la fiscalía general de Ciudad de México, donde Alcántara acusa también a dos responsables escolapios mexicanos —Fernando Hernández Avilés y José Luis Sánchez Macías— de encubrimiento. Aunque contra Flores, fallecido en 2022, no cabe ya acción penal, la víctima espera que “se escuche su voz y se interrogue a quienes permitieron el silencio”.
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