El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha expresado su apoyo a la regularización de migrantes promovida por el Gobierno central, subrayando la importancia de respetar “la dignidad de la persona” en este proceso.
Taltavull ha manifestado su conformidad con la iniciativa durante una rueda de prensa, señalando que está “contento” con la medida y que es imprescindible regularizar a quienes realmente lo necesitan. Asimismo, recordó que esta propuesta ha contado con la participación de la Iglesia Católica a través de una Iniciativa Legislativa Popular en la que se ha trabajado “desde hace tiempo”. No obstante, mostró su inquietud sobre la integración completa de las personas afectadas y la garantía de sus derechos fundamentales, según informó Europa Press.
La Conferencia Episcopal respaldó oficialmente el 27 de enero la regularización extraordinaria anunciada por el Ejecutivo, una medida que permitirá a más de medio millón de personas salir de la economía sumergida y acceder a un empleo con derechos y obligaciones. Sin embargo, algunos prelados, como el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y el de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, han expresado reservas y matices respecto a esta decisión. La regularización solo beneficiará a quienes puedan demostrar una residencia mínima de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, valoró la medida como “un reconocimiento de la dignidad humana”, aunque criticó que la Iniciativa Legislativa Popular que promovía esta regularización fue ignorada y que la aprobación se ha producido “ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorece”.
En contraste con Argüello, Sanz Montes publicó en su cuenta de ‘X’ una reflexión basada en el pasaje bíblico “‘Fui extranjero y me acogisteis’ (Mt, 25)”, donde reconoció la acogida a los inmigrantes, pero advirtió sobre la capacidad limitada para asumir a todos y la necesidad de establecer medidas prudentes y no populistas para evitar la entrada de personas que no cumplan los requisitos.
Por otra parte, Gómez Sierra alertó sobre un posible “efecto llamada”, advirtiendo en declaraciones a Canal Sur Radio que, aunque la ayuda de la Iglesia y Cáritas en los países de origen es fundamental, cualquier medida que provoque ese efecto podría causar consecuencias negativas, incluso muertes. Subrayó la coincidencia con la postura de la Iglesia española de respetar la voluntad individual y la dignidad inherente a cada persona.
El obispo de Huelva también recordó que los obispos africanos solicitaron a la Iglesia española que desalentara a los jóvenes que llegan engañados, creyendo que España es un paraíso, para evitar que caigan en manos de mafias. En la misma línea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó que una regularización masiva incrementaría el “efecto llamada” y saturaría los servicios públicos, sin considerar que estos ya son utilizados por quienes podrían regularizarse, que no se regularizará a migrantes que entren tras la fecha límite y que gobiernos anteriores también aplicaron procesos similares.
Munilla criticó al Gobierno por “utilizar como moneda de cambio” a los migrantes y pidió que el asunto se debata en el Congreso con “los matices convenientes”. En un mensaje difundido en ‘X’, planteó un “acertijo” comparando la subida de pensiones incluida en el ‘decreto ómnibus’ con la regularización contemplada en el decreto ley pactado por el Ejecutivo y Podemos, calificando ambas como “estrategias para conseguir otros fines”. Denunció que esta práctica refleja el desprecio de los gobernantes hacia pensionistas e inmigrantes.
El obispo de Orihuela-Alicante añadió que la mayoría de los españoles tienen una conciencia ética respecto a la dignificación de los jubilados y la regularización de migrantes que trabajan honestamente, rechazando la alternativa de la “caza y expulsión del hispano” en Estados Unidos.
Además de Taltavull, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, manifestó el 2 de febrero su total identificación con la postura de la Conferencia Episcopal. Según Europa Press, Cerro consideró esta regularización como un planteamiento coherente con el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, insistiendo en la importancia de una acogida “fundamental” y en el respeto a la dignidad de quienes ya están en España. También destacó la necesidad de una integración “inteligente”.
El arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, presidente del Episcopado, definió la regularización como “positiva, humanitaria y evangélica” en una rueda de prensa para evaluar sus dos años como pastor. Señaló que esta medida contribuirá a “superar estigmas, normalizar y clarificar” la situación de los migrantes. Destacó que, desde una perspectiva humana y económica, regularizar a estas personas permitirá que cotizarán a la Seguridad Social, recordando procesos similares en gobiernos anteriores.
Roselló reconoció la politización del tema, pero evitó profundizar en ella. Rebatió la asociación común entre migración, pateras y delincuencia, recordando que la mayoría de quienes llegan y serán regularizados lo hacen por vía aérea y sin antecedentes penales. Ante las declaraciones de Sanz, afirmó que en la Iglesia existen diversas opiniones y que las discrepancias son naturales.
