Crisis migratoria en Luisiana: la diócesis exime de la misa para evitar redadas

Crisis migratoria en Luisiana: la diócesis exime de la misa para evitar redadas

El obispo Michael G. Duca, de la diócesis de Baton Rouge, ha concedido una dispensa de la obligación de asistir a misa a los fieles que teman por su seguridad ante las redadas migratorias en Luisiana.

La dispensa, anunciada el 4 de diciembre en un comunicado publicado en la página web de la diócesis, se aplica a los domingos y días de precepto, y permanece "válida hasta que el católico en cuestión determine que es seguro volver a asistir a misa o esta dispensa sea revocada o modificada". El obispo explicó que "quienes opten por quedarse en casa deberían reunirse en familia y dedicar tiempo a la oración para santificar el Día del Señor". "Leer las lecturas de la misa del día, rezar el rosario o recitar una novena pidiendo protección intercesora son prácticas espirituales alternativas adecuadas para quienes acepten esta dispensa", indicó.

El obispo Alberto Rojas, de la diócesis de San Bernardino, en California, emitió una dispensa similar el 8 de julio, y la Diócesis de Nashville ofreció orientaciones en mayo sobre la obligación de misa durante las redadas de inmigración. El obispo Duca señaló que su decisión —que llega pocas semanas después del mensaje pastoral especial sobre inmigración del 12 de noviembre de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos— se tomó "con gran pesar" y "en este tiempo de incertidumbre". Se refirió a "la reciente y publicitada llegada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al sur de Luisiana y al área metropolitana de Baton Rouge", y subrayó que "muchos fieles temen de verdad las actuaciones de control migratorio".

El 3 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la "Operación Catahoula Crunch" —llamada así por una raza de perro originaria de Luisiana—, que según el propio departamento tenía como objetivo a "inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales que campan a sus anchas gracias a las políticas de ciudad santuario que obligan a las autoridades locales a ignorar" las órdenes de detención del ICE. Aunque responsables estatales —entre ellos el gobernador de Luisiana, Jeff Landry— han respaldado la ofensiva migratoria de la administración Trump, la ciudad de Nueva Orleans prohíbe desde 2016 que sus agentes colaboren con la aplicación de la ley migratoria federal, salvo en casos limitados, y es una ciudad santuario.

El departamento de policía de Baton Rouge, en cambio, mantiene conversaciones con responsables federales para participar en el programa 287(g) del ICE, que remite a un apartado de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que autoriza al ICE a delegar determinadas actuaciones —como la identificación y la detención— en fuerzas de seguridad estatales y locales que actúan bajo supervisión del ICE. Defensores de los derechos de las personas migrantes en Luisiana han denunciado detenciones de ciudadanos estadounidenses durante estas redadas y han acusado a agentes del ICE de realizar perfiles raciales.

En el suburbio de Marrero, en el área de Nueva Orleans, unas imágenes de seguridad mostraron a una mujer de 23 años, identificada por NBC News como Jacelynn Guzman, ciudadana estadounidense de nacimiento, siendo perseguida el 4 de diciembre por agentes migratorios enmascarados mientras corría hacia su casa. Guzman declaró al medio que les repitió en varias ocasiones que era ciudadana estadounidense. Los agentes se detuvieron en el límite de la propiedad, cuando el padrastro de Guzman les ordenó que se marcharan.

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Posteriormente, el DHS afirmó que "la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos estaba llevando a cabo una operación específica de control migratorio contra una persona en situación irregular con antecedentes penales, previamente acusada de robo con delito grave y condenada por posesión ilegal de bienes robados", y que "se encontraron con una mujer que coincidía con la descripción del objetivo". Los agentes "determinaron que la persona en cuestión no era el objetivo" y todos "abandonaron la zona" sin efectuar detenciones, según el DHS.

En su mensaje, aludiendo al miedo que provocan las actuaciones de control migratorio, el obispo Duca afirmó: "Estas expulsiones están afectando no solo a nuestros hermanos y hermanas hispanos católicos, sino también a refugiados e inmigrantes de todas las confesiones procedentes de otras naciones que conforman el rico tapiz de nuestras comunidades locales". "Son nuestros vecinos, compañeros de trabajo y feligreses", añadió el obispo. A 16 de noviembre, había más de 65.000 personas bajo custodia del ICE, de las cuales el 73,6% no tenía condena penal, y muchas de las que sí tenían condenas lo estaban por infracciones menores como violaciones de tráfico, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

El Pew Research Center ha señalado que casi la mitad de los latinos del país (47%) dicen sentirse menos seguros en sus barrios debido a las campañas de deportación de la administración Trump. Las rutinas diarias de los latinos se han visto afectadas, según los encuestados por Pew, y un 19% ha cambiado recientemente sus actividades cotidianas por miedo a que se les pida demostrar su situación legal, mientras que un 11% afirma que ahora lleva con más frecuencia documentación que acredite su ciudadanía o su estatus migratorio.

Además, algunos latinos "están participando con menos frecuencia en determinadas actividades en los últimos meses", y han declarado a Pew que evitan actos comunitarios o culturales locales (10%), hablar en un idioma distinto del inglés (9%), reuniones familiares y de amigos (9%), hacer la compra (8%) y los servicios religiosos (7%). "La seguridad nacional y la protección de la dignidad humana no son incompatibles", afirmó el obispo Duca. "Debemos abogar por una solución justa a esta difícil situación en nuestro país".

La doctrina social católica sobre la inmigración equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a migrar para sostener sus vidas y las de sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración, y el deber de una nación de regular esas fronteras con justicia y misericordia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que "las naciones más prósperas están obligadas, en la medida de sus posibilidades, a acoger al extranjero que busca la seguridad y los medios de subsistencia que no puede encontrar en su país de origen" (Catecismo, 2241). En su comunicado del 4 de diciembre, el obispo Duca instó a los fieles a "rezar por quienes se ven afectados de forma inmediata, especialmente durante este tiempo de Adviento, un tiempo en el que deberíamos estar esperando la alegría de la Navidad, rodeados de nuestra familia en celebración, en lugar de vivir la experiencia de la ansiedad y el miedo". Citando la exhortación apostólica "Dilexi Te" ("Te he amado") del Papa León XIV, recordó: "Dios tiene un lugar especial en su corazón para quienes son discriminados y oprimidos, y nos pide a nosotros, su Iglesia, que hagamos una opción decidida y radical en favor de los más débiles". "Que, a través de nuestras oraciones y acciones, quienes sufren sepan que las palabras de Jesús van dirigidas personalmente a cada uno de ellos", concluyó el obispo Duca.

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