Escuelas católicas llevan al Supremo su batalla por la libertad religiosa
El caso St. Mary Catholic Parish v. Roy plantea cuestiones decisivas sobre financiación pública y derechos religiosos en la educación estadounidense.
Último boletín
La Corte Suprema de Estados Unidos afronta un nuevo litigio sobre los límites constitucionales que puede imponer el Estado a las escuelas religiosas que acceden a fondos públicos. El caso St. Mary Catholic Parish v. Roy, que involucra a instituciones católicas de Colorado, cuestiona directamente si el gobierno puede condicionar la financiación pública a la renuncia de principios doctrinales fundamentales, especialmente en materia de admisión de alumnos.
El conflicto surge del programa de educación preescolar universal de Colorado, que financia plazas en proveedores públicos y privados, incluidas escuelas religiosas. Aunque estas últimas son elegibles para participar, el Estado les impone estándares que incluyen la obligación de aceptar a todos los niños sin distinción de religión, orientación sexual, identidad de género, nivel de ingresos o discapacidad. Las escuelas católicas demandantes argumentan que esta exigencia les impide vivir su misión educativa, que se fundamenta en la transmisión de la fe y sus enseñanzas sobre la sexualidad y el matrimonio.
Las instituciones religiosas solicitaron una exención basada en su derecho a la libertad religiosa, pero Colorado rechazó la petición. Ante esa negativa, presentaron demanda alegando vulneración de la Primera Enmienda, que protege tanto la libertad de religión como la autonomía de las instituciones religiosas para gobernarse conforme a sus principios doctrinales sin interferencia estatal.
Históricamente, la Corte Suprema ha interpretado la Primera Enmienda prohibiendo la exclusión directa de escuelas religiosas de programas de financiación. Sin embargo, en años recientes ha emergido una estrategia estatal alternativa: en lugar de excluir, los gobiernos imponen condiciones que limitan la participación efectiva de estas instituciones. Tras el fallo en Carson v. Makin, Maine modificó su programa de asistencia escolar para exigir que las escuelas cumplan con normas de “no discriminación educativa”, un cambio que refleja esta tendencia de condicionar el acceso a fondos públicos.
¿Nos ayudas? ¿un café?El caso St. Mary Catholic Parish v. Roy obliga a la Corte a definir los límites constitucionales de tales condiciones. Deberá resolver si Colorado puede prohibir a escuelas religiosas preferir familias que compartan su fe, mientras que otras instituciones retienen libertad para establecer preferencias basadas en características como la raza u orientación sexual. La tensión es evidente: ¿puede el Estado exigir a las escuelas católicas renunciar a criterios religiosos de admisión como precio de acceso a fondos públicos?
Más allá de la admisión, el litigio toca la autonomía institucional religiosa, principio constitucional que permite a estas organizaciones decidir sobre gobierno eclesiástico, doctrina, selección de educadores y criterios de admisión sin injerencia estatal. Si se obliga a las escuelas a renunciar a esa autonomía para acceder a financiación pública, se crearía un dilema: participar en programas públicos o mantener su identidad religiosa. Ambas opciones representarían una restricción de derechos fundamentales.
La resolución de este caso podría redefinir la relación entre financiación pública y libertad religiosa en Estados Unidos. Una sentencia favorable a las escuelas católicas establecería que las instituciones religiosas tienen derecho a acceso genuino a programas públicos sin sacrificar sus derechos constitucionales. Una sentencia contraria consolidaría la práctica de condicionar fondos públicos a la conformidad con estándares que erosionan la autonomía religiosa. Las implicaciones para el futuro de la educación religiosa en el país serán profundas, cualquiera que sea el resultado.
