La Unión Europea ha implementado una normativa que permite la detención e interceptación de periodistas si se justifica por un interés público superior.
El pasado 8 de agosto, la Unión Europea puso en vigor el Acta de Libertad de los Medios de Comunicación Europea (EMFA, por sus siglas en inglés), que se aplicará en los 27 estados miembros. Esta normativa, que inicialmente parece proteger el pluralismo y la independencia de los medios, permite a los países de la UE detener, sancionar, interceptar o inspeccionar a los proveedores de servicios de medios y su personal editorial si se justifica por un "interés público superior" y es proporcional.
Según el EMFA, las acciones contra los medios pueden llevarse a cabo siempre que sean legales conforme a la legislación nacional o de la UE y se justifiquen caso por caso. Además, se menciona que un "interés público superior" puede justificar el uso de software de vigilancia intrusiva. El reglamento de la orden de arresto de la UE también incluye delitos como el racismo y la xenofobia, que pueden ser investigados con tecnología de espionaje.
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La periodista noruega Rebecca Mistereggen ha señalado que la UE ya clasifica y prioriza lo que denomina "medios de confianza", excluyendo a los considerados difusores de "desinformación" según la ideología de la UE. Por ejemplo, el Informe sobre el Estado de Derecho de 2025 de la UE critica a Hungría por "control estatal de los medios" y "violaciones de la libertad de prensa", mientras que alaba a los medios estatales de Noruega, Suecia y Alemania.
La EMFA ha suscitado preocupación debido a la historia de leyes represivas sobre la libertad de expresión en sus estados miembros, especialmente en Alemania y el Reino Unido. En Alemania, se han arrestado ciudadanos por discursos considerados falsos o "odiosos", como caricaturas "racistas" o "citas falsas". En el Reino Unido, un profesor de Cambridge fue arrestado por criticar la guerra de Israel en Gaza, y la policía ha actuado contra publicaciones en redes sociales que consideran ofensivas.
