El Estado recibe críticas por las inspecciones intrusivas en las escuelas católicas

Un informe de 14 páginas de la Secretaría General de Educación Católica denuncia prácticas de inspección estatales consideradas abusivas contra escuelas católicas.

Según Il Timone, un documento de la Secretaría General de Educación Católica describe métodos calificados de abusivos que, a juicio de sus autores, vulneran la dignidad del profesorado y la identidad de las instituciones.

El texto, publicado en diciembre, ofrece el primer análisis exhaustivo de las prácticas de inspección aplicadas a las escuelas católicas. Sus autores precisan que no cuestionan el principio de la supervisión estatal, sino ciertos procedimientos que consideran profundamente «invasivos» y que, sostienen, constituyen un abuso.

En el informe se afirma, además, que estas actuaciones debilitan el carácter legalmente reconocido de las escuelas católicas.

El endurecimiento de los controles se sitúa tras el denominado caso Bétharram, relacionado con el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el departamento de Pirineos Atlánticos, donde presuntamente se produjeron graves abusos contra estudiantes durante décadas. A continuación, una comisión de investigación parlamentaria pidió inspecciones más rigurosas en los centros educativos con el objetivo de proteger mejor a los menores.

Sin embargo, varios testigos hablaron de «despliegues desproporcionados de fuerza». De acuerdo con EWTN, «algunos docentes denunciaron que los inspectores entraron en las aulas sin identificarse, revisaron los cuadernos durante las clases o interrogaron al personal delante de los niños». El informe considera especialmente preocupantes las preguntas sobre prácticas religiosas, incluida la asistencia a la misa dominical. También menciona la toma de fotografías de los diarios espirituales de los estudiantes y presiones para retirar símbolos cristianos.

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Entre los ejemplos recogidos figura el de un inspector que pidió «reducir el carácter distintivo de la escuela en favor de su misión educativa pública». Los autores del informe interpretan esta indicación como un intento de imponer una visión secular de la educación.