Francia podría obligar a hospitales católicos a permitir la eutanasia

El proyecto de ley francés sobre el suicidio asistido podría obligar a hospitales, residencias y centros de atención católicos a permitir la eutanasia o enfrentarse a su cierre, según advierte el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ).

El texto, que se encuentra en trámite parlamentario, impondría a todas las instituciones sanitarias y socio-sanitarias, tanto públicas como privadas, la obligación de autorizar la eutanasia y el suicidio asistido en sus instalaciones, sin considerar su identidad ética o religiosa. La negativa a permitir estas prácticas se consideraría un delito penal.

El ECLJ, organización legal con sede en Estrasburgo, ha señalado que esta legislación supone una intromisión sin precedentes en la libertad de conciencia y de religión de las instituciones basadas en la fe, al exigirles aceptar la eutanasia incluso cuando contradice sus principios fundacionales. Su director, Gregor Puppinck, advirtió que los responsables de estas entidades podrían enfrentarse a procesos penales con penas de hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros, además de la posible retirada de fondos públicos y sanciones administrativas.

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El proyecto, formalmente denominado ley sobre el “derecho a la ayuda para morir”, ya fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora se examina en el Senado. Aunque contempla el derecho a la objeción de conciencia para médicos y personal sanitario individual, no extiende esta protección a las instituciones en su conjunto. El ECLJ subrayó que ningún otro país que ha legalizado la eutanasia impone tal obligación a las instituciones privadas ni la acompaña de sanciones penales. Para ilustrar las consecuencias, varias congregaciones hospitalarias católicas, con respaldo de expertos legales, publicaron un artículo de opinión en Le Figaro promovido por el ECLJ. Gregor Puppinck calificó esta acción como un “grito de alarma” y animó a la sociedad a informar a los representantes electos sobre el impacto de la ley. En La Croix, señaló que la propuesta francesa destaca internacionalmente por su carácter “radical y restrictivo de la libertad” y alertó sobre sus efectos en la libertad religiosa.

El ECLJ comparó la situación con experiencias en otros países. En Bélgica, una ley de 2002 inicialmente permitía a las instituciones religiosas evitar la eutanasia, pero modificaciones posteriores generaron conflictos crecientes. En 2020, se prohibió a las instituciones pedir al personal que se abstuviera de practicarla, y quince hospitales psiquiátricos gestionados por los Hermanos de la Caridad perdieron su estatus católico tras aceptar la práctica.

En Canadá, donde el suicidio asistido se legalizó en 2016, han aumentado los enfrentamientos entre instituciones católicas y autoridades públicas. En marzo de 2024, un juez de la Corte Superior de Quebec dictaminó que el acceso a la eutanasia prevalece sobre la libertad religiosa de un centro de cuidados paliativos católico en Montreal, Maison St-Raphaël, rechazando una solicitud de exención temporal mientras se resuelve el caso. En Columbia Británica, el hospicio Irene Thomas perdió el 94 % de su financiación tras negarse a permitir la eutanasia, y el hospital St Paul’s en Vancouver afronta acciones legales por transferir a un paciente que solicitaba la muerte asistida a otra instalación.

Por el contrario, el ECLJ señala que en otros países se protege expresamente la libertad institucional. En Estados Unidos, varios estados garantizan el derecho de los centros sanitarios a rechazar el suicidio asistido. En los Países Bajos, donde la eutanasia fue despenalizada en 2002, no se estableció como un derecho individual ni se obliga a las instituciones a practicarla. En Nueva Zelanda, el Tribunal Superior ha dictaminado que hospicios y organizaciones pueden optar por no ofrecer servicios de suicidio asistido sin ser sancionados.

En Francia, algunas voces católicas han comenzado a manifestar su rechazo públicamente. El 11 de diciembre, la hermana Agnès