
Hay algo especialmente irritante en todo esto. No es solo un matiz técnico. No es una cuestión burocrática menor. Sino que es una forma de gobernar.
El 8 de enero el Gobierno presentó ante la opinión pública un “acuerdo histórico” con la Conferencia Episcopal. Se habló de deuda moral, de reparación, de un paso decisivo. Se construyó un relato de altura ética. Se proyectó la imagen de un Ejecutivo que había logrado cerrar algo trascendental.
Y ahora sabemos —porque el propio Ministerio lo reconoce por escrito— que no había ningún convenio. Ningún texto elaborado. Ningún documento firmado. Solo una voluntad de negociar en el futuro.
Eso no es un acuerdo. Eso es una intención.
Y no es lo mismo.
El problema no es negociar. Negociar es legítimo. El problema es presentar como cerrado lo que ni siquiera está redactado. Vender como compromiso jurídico lo que no pasa de declaración política. Convertir una foto en un hecho consumado.
Cuando un Gobierno habla de “acuerdo histórico”, los ciudadanos entienden que hay algo concreto, tangible, firmado. Que existe un texto con obligaciones claras. Que hay seguridad jurídica. No una promesa en el aire pendiente de redactarse algún día.
Las víctimas merecen respeto. Y el respeto empieza por no utilizar su dolor como herramienta de comunicación política. Si hay un compromiso serio, que se firme y se publique. Si no lo hay, que se diga con claridad.
Lo preocupante es el patrón. Primero se lanza el titular. Después, si acaso, se construye el contenido. La política convertida en marketing. El relato por delante de la realidad administrativa.
Eso desgasta la credibilidad institucional. Y sin credibilidad, todo se vuelve sospechoso.
No se trata de atacar por atacar. Se trata de exigir rigor. Un Ejecutivo no puede funcionar a base de escenificaciones. No puede inflar los hechos para ganar posición moral y luego admitir, discretamente y por escrito, que no había nada formalizado.
La palabra pública tiene que pesar. Tiene que comprometer.
Porque cuando un Gobierno llama “histórico” a algo inexistente, lo que queda en evidencia no es la oposición, ni la Iglesia, ni los medios.
Lo que queda en evidencia es el propio Gobierno.
Y un país no se gobierna con relatos. Se gobierna con hechos.
