Presidencia admite por escrito que el supuesto convenio con la Conferencia Episcopal Española no existe, pese al relato oficial difundido como un logro
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reconocido por escrito que no existe ningún convenio elaborado ni suscrito con la Conferencia Episcopal Española, a pesar de que el Gobierno presentó públicamente el pasado 8 de enero lo ocurrido como un acuerdo cerrado y de alcance histórico.
Dicha confirmación consta en una resolución oficial firmada el 11 de febrero de 2026 por Mercedes Murillo Muñoz, directora general de Libertad Religiosa, en respuesta a un requerimiento formulado por un ciudadano a través del Portal de Transparencia.
En ese documento, el Ministerio afirma expresamente que la solicitud se refería a un “convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal” que, “a la fecha actual, no ha sido elaborado ni suscrito por las partes, sino que el acuerdo alcanzado el 8 de enero de 2026 se limitó a expresar la voluntad de las partes firmantes de negociar y, a través de un futuro convenio, las bases del referido acuerdo”.
Es decir, el propio Gobierno hace el más sonoro ridículo reconociendo que lo anunciado como acuerdo no fue más que una declaración de intenciones pendiente de firma, sin ningún texto firmado que obligue jurídicamente a ninguna de las partes.
Este reconocimiento contrasta frontalmente con la versión difundida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que presentó el anuncio del 8 de enero como un logro político y moral. En su nota oficial publicada en el portal de La Moncloa, el Gobierno afirmó haber alcanzado un “acuerdo histórico” con la Iglesia para la reparación de víctimas de abusos sexuales y sostuvo que el objetivo era “saldar una deuda histórica y moral”, destacando que se habilitaría una nueva vía de compensación para aquellas víctimas que no pudieran acudir a la vía judicial.
Sin embargo, a la luz de la respuesta firmada por el propio Ministerio, lo que el Ejecutivo presentó como un hito ya cerrado no se ha concretado en ningún texto. La Administración admite que no existe convenio alguno elaborado ni firmado y que lo ocurrido el 8 de enero se limitó a expresar la voluntad de negociar un acuerdo futuro.
La situación pone de manifiesto la distancia entre el relato político difundido desde el Gobierno y la realidad administrativa reflejada por escrito. Mientras el Ejecutivo vendió el anuncio como un paso decisivo y definitivo, el documento oficial acredita que, en términos jurídicos, no existe compromiso firmado.
Así, lo que se presentó como un avance queda reducido, por ahora, a un anuncio sin respaldo. Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez ha preferido construir un titular político antes que ofrecer a los ciudadanos certezas sobre lo que realmente se ha firmado y lo que no.

