Las Hermanitas de los Pobres recurren para frenar el mandato federal de los anticonceptivos
Las Hermanitas de los Pobres han presentado un nuevo recurso judicial para defender las exenciones morales y religiosas frente al mandato federal de anticonceptivos, en una batalla legal que se prolonga ya catorce años.
La congregación de las Hermanitas de los Pobres y el gobierno federal mantienen un enfrentamiento jurídico en torno a las exenciones morales y religiosas al mandato de anticonceptivos establecido en 2017, una disputa que se extiende desde hace catorce años.
Las Hermanitas han obtenido dos victorias ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en esta materia. En 2016, el alto tribunal reconoció la obligación del gobierno federal de proteger la libertad religiosa de quienes se oponen a los anticonceptivos. Posteriormente, en 2020, confirmó que el Ejecutivo tenía competencia para establecer las amplias exenciones promulgadas en 2017. Estas exenciones amparaban plenamente a empleadores con objeciones religiosas o morales a proporcionar anticonceptivos, algunos con posible efecto abortivo. Según dichas normas, dichos empleadores no estaban obligados a incluir cobertura anticonceptiva en los planes médicos ofrecidos a sus empleados.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONANo obstante esas sentencias previas, un tribunal federal anuló en agosto de 2025 las exenciones vigentes desde 2017, basándose en argumentos que el Supremo aún no había valorado. En concreto, los fiscales generales de los estados de Pensilvania y Nueva Jersey, contrarios a las exenciones, continuaron la batalla legal alegando que la adopción de dichas normas incumplió la Administrative Procedure Act (APA), cuestión pendiente ante el Supremo.
En su resolución, la jueza Wendy Beetlestone consideró que las normas incumplían la APA, al calificarlas como arbitrarias y caprichosas. “Las actuaciones de las agencias al promulgar la norma fueron arbitrarias y caprichosas, en la medida en que no lograron ‘articular una explicación satisfactoria de sus actuaciones, incluida una conexión racional entre los hechos constatados y las decisiones adoptadas’”, escribió Beetlestone en su opinión.
Las Hermanitas están representadas por el Becket Fund for Religious Liberty, cuyos abogados reclaman que el tribunal de apelación revoque esta decisión y ponga fin al litigio. “La cruzada legal de catorce años contra las Hermanitas ha sido innecesaria, grotesca y contraria a los principios fundamentales del país”, afirmó en un comunicado Mark Rienzi, presidente del Becket Fund y abogado principal de la congregación. “Los estados no tienen ningún derecho a intentar arrebatar a las Hermanitas sus derechos civiles federales. El 3rd Circuit debería arrojar la demanda al cubo de la basura de la historia y mantener la protección que las Hermanitas ya ganaron en el Tribunal Supremo, dos veces”, añadió.
En su recurso, los abogados invocan los precedentes legales establecidos en 2016 y 2020 que exigieron exenciones religiosas y avalaron las normas. Advierten asimismo del riesgo de un “conflicto constitucional”, dado que el mandato original no puede restablecerse legalmente. “Los estados apelados sostienen que los gobiernos estatales tienen interés en obligar al gobierno federal a forzar a los objetores religiosos a cumplir el mandato federal de anticonceptivos, pese a que el gobierno federal no está obligado a imponer ningún mandato sobre anticonceptivos y pese a que los propios estados han decidido no establecer tales mandatos por su cuenta”, señala la demanda.
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