Los obispos denuncian la ley de suicidio asistido firmada en Nueva York
La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que autoriza a los médicos a ayudar a adultos terminales a morir por suicidio asistido.
Con la promulgación de esta ley, Nueva York se suma a los trece estados y al Distrito de Columbia que han legalizado el suicidio asistido. El estado de Illinois fue el duodécimo en aprobar esta medida, tras la firma del gobernador JB Pritzker el 12 de diciembre.
Kathy Hochul, quien profesa la fe católica, anunció en un artículo publicado el 17 de diciembre en el diario Times Union de Albany que firmaría la ley tras la incorporación de ciertas “barreras de protección” por parte de la Legislatura, destinadas a “responder a las preocupaciones de quienes temen que poblaciones vulnerables, como personas con discapacidades o ancianos, puedan ser presionadas a tomar una decisión que no habrían tomado por sí mismas”.
En el momento de la promulgación, la gobernadora afirmó haber “asegurado” estas medidas que garantizan la integridad de la decisión del paciente y la preparación de las instituciones médicas.
Los obispos católicos del estado han expresado en varias ocasiones que el suicidio asistido por médicos “contradice directamente la enseñanza católica sobre la sacralidad y dignidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y constituye un grave mal moral comparable a otros ataques directos contra la vida humana”.
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El Catecismo de la Iglesia Católica condena explícitamente la eutanasia y el suicidio asistido como “moralmente inaceptables” y una violación del Quinto Mandamiento, “No matarás”.
En un comunicado emitido el 17 de diciembre, los obispos pidieron a los católicos y a todos los neoyorquinos que rechacen el suicidio asistido para sí mismos, sus familiares y quienes estén bajo su cuidado. Reiteraron la oposición histórica de la Iglesia y manifestaron su deseo de que el estado abandone la promoción de una “Cultura de la Muerte” para invertir en cuidados paliativos y hospicios compasivos, que consideran “seriamente infrautilizados”.
Los prelados advirtieron que esta nueva ley “socavará gravemente” las inversiones realizadas por la gobernadora en prevención del suicidio y atención en salud mental durante su mandato. Cuestionaron la coherencia de una sociedad que desaconseja el suicidio a jóvenes y personas con depresión, mientras considera compasiva la opción para ancianos y enfermos.
Entre las “barreras de protección” incorporadas en la ley se incluye la posibilidad de que proveedores de hospicios domiciliarios con orientación religiosa puedan negarse a ofrecer ayuda médica para morir. Además, se establece un periodo obligatorio de espera de cinco días entre la prescripción y la dispensación del medicamento; la evaluación inicial del paciente debe realizarse presencialmente y la solicitud verbal para recibir ayuda debe registrarse en vídeo o audio; también se exige una evaluación psicológica o psiquiátrica del solicitante.
La ley limita el acceso a residentes de Nueva York y prohíbe que personas con beneficio económico derivado de la muerte del paciente actúen como testigos o intérpretes en la solicitud oral. Según un comunicado oficial, la firma de esta ley fue el resultado de una reflexión cuidadosa y el diálogo con patrocinadores, organizaciones defensoras y ciudadanos que compartieron sus experiencias personales para lograr la aprobación.
Kathy Hochul declaró que los neoyorquinos merecen la opción de “sufrir menos, no acortando sus vidas, sino acortando sus muertes”, y afirmó estar convencida de que se tomó la decisión correcta. La normativa entrará en vigor seis meses después de su firma para permitir que el Departamento de Salud establezca las regulaciones necesarias y que los centros sanitarios preparen y formen a su personal para cumplir con la ley.
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