La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha debatido y votado este martes una proposición no de ley presentada por Vox, que instaba al Gobierno a derogar la legislación vigente sobre el aborto y la eutanasia. La iniciativa fue rechazada, contando únicamente con el respaldo de Vox, mientras que el resto de formaciones, entre ellas Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Sumar, votaron en contra.
Lourdes Méndez Monasterio, diputada de Vox, defendió la propuesta con un discurso centrado en la protección del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, apelando a las raíces cristianas y a los principios de la civilización occidental. Citó la Didajé, un texto patrístico del siglo I, para enmarcar el debate como una elección entre el camino de la vida y el de la muerte. Según Méndez Monasterio, la indisponibilidad de la vida ha sido erosionada por ideologías presentes en el Parlamento, que han impuesto una "cultura de la muerte" reflejada en la legalización del aborto y la eutanasia.
La diputada argumentó que existe un consenso científico sobre la humanidad del embrión desde el zigoto y advirtió que convertir el aborto en un derecho es lo más grave e inhumano de nuestro ordenamiento jurídico. Criticó la falta de información y alternativas para las mujeres embarazadas, que, en su opinión, han quedado desprotegidas junto a sus hijos no nacidos. También aludió a la sentencia 177/2020 de la Audiencia Provincial de Oviedo, ratificada por el Tribunal Supremo, que condenó a una patronal abortista por publicidad engañosa.
Méndez Monasterio denunció que la ley de eutanasia ha introducido la prestación de procurar la muerte sin garantizar cuidados paliativos y acusó al Gobierno de atacar la objeción de conciencia médica. Planteó el debate en términos absolutos, afirmando que se defiende la vida o se defiende matar, y acusó a todos los partidos, salvo Vox, de haber contribuido a la actual situación de "suicidio demográfico", en la que se ha alcanzado un mínimo histórico de nacimientos, uno de cada cuatro embarazos ha terminado en aborto y la inmigración ha compensado el descenso poblacional.
La diputada de Vox también denunció que el Gobierno ha celebrado el aumento de abortos, promovido páginas web proaborto sin alternativas y que el Tribunal Constitucional ha reinterpretado la Constitución de forma fraudulenta para crear un derecho al aborto ex novo, asumido también por el Partido Popular. Finalmente, criticó al PSOE y al PP por actuar de la mano y acusó a Pedro Sánchez de haber instrumentalizado el aborto con fines políticos, explotado a la mujer y promovido políticas que han incrementado la inseguridad. Recordó que en 2010 se aprobó la ley de plazos y que, aunque en 2011 el PP ganó con mayoría absoluta, Mariano Rajoy no cumplió su promesa de derogarla.
Por su parte, Carmen Navarro Lacoba, diputada del Partido Popular, enmarcó la proposición no de ley de Vox en una estrategia de polarización que, a su juicio, comparten PSOE y Vox para obtener rédito político. Acusó al PSOE de usar el conflicto de Gaza y otros relatos para desviar la atención de citaciones judiciales y casos de corrupción, y reprochó a la Presidencia del Congreso que solo convoque la Comisión Constitucional cuando lo pide el Gobierno. A Vox le criticó el populismo y buscar "echar gasolina al debate", sacrificando el consenso social.
La diputada popular afirmó que la postura del PP es la defensa del derecho a la vida en todas sus etapas y rechazó la proposición de Vox porque no ayuda a la causa provida ni a las mujeres. Reafirmó el criterio adoptado tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 y aseguró que, con un Gobierno del PP, una mujer que decida abortar podrá hacerlo con las garantías legales vigentes; y quien quiera ser madre contará con apoyo efectivo de las administraciones. Señaló como enemigo político a Pedro Sánchez por su gestión en vivienda, cesta de la compra, precariedad y servicios públicos, y concluyó pidiendo "tender puentes y no levantar muros".