Ortega prohíbe la entrada de las Biblias en Nicaragua

Desde mediados de diciembre de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un nuevo paso en su política de restricciones al prohibir la entrada de Biblias en Nicaragua, una medida que afecta directamente a turistas y viajeros.

Desde la segunda quincena de diciembre de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cruzado un nuevo umbral en su política restrictiva sobre las libertades fundamentales al prohibir la entrada de Biblias en el territorio nicaragüense. Esta medida, anunciada el 19 de diciembre, afecta explícitamente a turistas y a cualquier persona que acceda al país, especialmente por vía terrestre.

En las fronteras y principales puntos de tránsito internacional, los viajeros reciben advertencias claras sobre la prohibición de introducir Biblias, así como otros libros, periódicos y materiales impresos. Esta restricción se aplica sistemáticamente a turistas, peregrinos, misioneros o visitantes, y el señalamiento expreso de la Biblia entre los objetos vetados adquiere una fuerte carga simbólica en un país con mayoría cristiana.

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Algunos sacerdotes nicaragüenses exiliados han señalado que esta prohibición no responde a una mera normativa aduanera. En este sentido recuerdan que “La Sagrada Escritura transmite un mensaje que interpela las conciencias, denuncia la injusticia y se sitúa al lado de los más débiles”.

Al limitar la entrada de estos textos sagrados, el régimen pretende impedir cualquier lectura que pueda abrir un horizonte distinto al discurso oficial. La medida no se limita a los textos religiosos sino que abarca todas las publicaciones impresas, lo cual revela una profunda desconfianza hacia toda palabra que escape al control estatal.

Desde 2018, la Iglesia Católica en Nicaragua enfrenta una represión progresiva y estructurada. Tras la crisis social y política de aquel año, el régimen comenzó a asimilar a la Iglesia como una fuerza opositora debido a su cercanía con el pueblo y su compromiso público con los derechos humanos.

Dicha hostilidad se ha traducido en detenciones arbitrarias del clero, campañas de acoso, confiscación de bienes eclesiales y cierre de numerosas organizaciones religiosas y caritativas. Estas acciones han debilitado el tejido social del país y se han agravado con reformas legislativas y fiscales que eliminaron las exenciones tributarias para las instituciones religiosas. Como consecuencia, las iglesias deben pagar impuestos sobre donativos y ofrendas.

Estas disposiciones ponen en riesgo muchas obras sociales, educativas y pastorales al servicio especialmente de los más pobres. Al mismo tiempo, la presión sobre el clero ha provocado el exilio forzoso de numerosos sacerdotes, religiosos y obispos. Varias figuras eclesiásticas conocidas por su palabra libre han sido detenidas o encarceladas; otras han tenido que abandonar el país. El caso del obispo Rolando Álvarez, de Matagalpa, sigue siendo emblemático y marca profundamente a los fieles nicaragüenses.

A la par se ha instaurado un clima permanente de vigilancia alrededor de los templos. La policía se despliega regularmente ante las iglesias; los fieles son observados y las homilías controladas para crear un ambiente intimidatorio que disuada cualquier expresión crítica.

La prohibición vigente desde diciembre para ingresar con una Biblia en Nicaragua simboliza así una persecución más amplia y sistemática. Ilustra la voluntad del régimen por controlar hasta las fronteras el acceso a la Palabra divina y confirma que la presión sobre la Iglesia Católica trasciende ya el ámbito interno del país. Para muchos cristianos nicaragüenses esta prueba refuerza su convicción: la fe no puede ser confiscada ni siquiera cuando la Biblia misma se convierte en objeto prohibido en frontera.