El bono-toco: indemnizar a ciegas, bendecir el coladero

Me escribe quien firma como “Sergio Gámez” para “agradecer” a los obispos el acuerdo recién firmado con el Gobierno sobre reparación a víctimas de abusos. Agradecer. Porque cuando un sistema se diseña con grietas, el oportunista no se esconde: se presenta, sonríe y aplaude.

Conviene precisarlo para no perdernos: “Sergio Gámez” fue el apodo de un personaje ficticio creado en la llamada “operación bollycao”. Según se ha publicado, un periodista fabricó una historia deliberadamente sórdida, El País la publicó como cierta y, después, el Defensor del Pueblo la incorporó a su informe sobre abusos en el seno de la Iglesia sin una verificación mínima. El resultado fue demoledor: un engaño concebido para colarse se coló, y terminó convertido en material institucional.

Lo verdaderamente grave no es la broma macabra, sino el automatismo: bastó con publicar un relato para que ascendiera a “hecho” en un documento público. Cuando el periodismo renuncia al contraste y la institución renuncia a comprobar, la mentira no se corrige: se certifica.

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Dicho esto, volvamos a hoy. El Gobierno, la Conferencia Episcopal y la CONFER pactan un sistema de “reconocimiento y reparación” con participación del Defensor del Pueblo, alternativa al PRIVA. El titular suena bien, casi redentor. El problema aparece cuando uno mira el armazón: el acuerdo no deja cerradas desde el principio las reglas del juego, porque aplaza a un convenio posterior aspectos decisivos sobre cómo se tramitarán los casos y con qué criterios se resolverán.

Y ahí es donde el mecanismo empieza a oler a coladero. Si no se fijan baremos claros, si no se explicita un listón de verificación público y exigente, el sistema se vuelve vulnerable justo en el terreno más delicado: hechos prescritos, agresores fallecidos, instituciones desaparecidas, archivos inexistentes. En esas condiciones, la contradicción real se desvanece y el relato puede adquirir valor por el simple hecho de existir.

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Para rematar, el cierre del circuito concentra demasiado poder en una sola mesa. Si el procedimiento termina, en última instancia, donde el Defensor del Pueblo decide, la sospecha se vuelve inevitable: no porque haya que adivinar intenciones, sino porque el diseño convierte la resolución en un acto de confianza. Y la confianza, cuando se administra sin reglas nítidas, no es virtud: es temeridad.

Así que sí: en un país donde ya vimos cómo una invención publicada pudo escalar hasta un informe oficial, firmar un sistema sin blindajes férreos equivale a invitar al fraude a la mesa y pedirle, encima, que traiga el postre.

Y conviene decirlo con toda claridad, sin ambigüedades: quienes han sufrido abusos de verdad merecen ser escuchados, atendidos y reparados con urgencia, sin excusas ni regateos. Precisamente por respeto a esas víctimas —a quienes han pasado por lo indecible— resulta inaceptable levantar un sistema que, por su vaguedad y falta de garantías, puede mezclar en el mismo saco el dolor auténtico y la picaresca. Esta chapuza no honra a las víctimas: las utiliza; no las protege: las expone.

Sergio Gámez podrá cobrar una indemnización con todas las bendiciones, tanto laicas como episcopales: una mezcla de bono loto y toco mocho.

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