El Gobierno de Sánchez busca blindar el aborto en la Constitución en plena debilidad parlamentaria

El Consejo de Ministros ha presentado una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución española, a pesar de no contar con el apoyo necesario para modificar la carta magna.

El pasado martes, el Consejo de Ministros de España dio a conocer un plan para modificar la Constitución e incluir en ella el derecho al aborto. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue la encargada de anunciar la propuesta en una rueda de prensa, donde leyó el texto que el Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, pretende añadir al artículo 43 de la carta magna. Este artículo actualmente reconoce el derecho a la protección de la salud, y el nuevo párrafo, que se incluiría como un cuarto punto, establece: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».

La ministra subrayó la importancia de este paso como un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, afirmando que «por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida». Sin embargo, la reforma enfrenta un camino complicado, ya que requiere un amplio consenso político que actualmente no existe. Según el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Andrés Ollero, para llevar a cabo esta reforma se necesita una mayoría de tres quintos en ambas cámaras. En caso de no alcanzarse, se debería crear una comisión paritaria de diputados y senadores para presentar un nuevo texto que sería sometido a votación. Si tampoco se lograra el acuerdo, el Congreso podría aprobar la reforma por mayoría de dos tercios, siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado. Además, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras podría solicitar un referéndum para su ratificación.

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El contexto político actual, donde el Gobierno no cuenta con el apoyo suficiente ni siquiera para presentar los presupuestos generales del Estado, hace que la tarea sea aún más difícil. Consciente de su debilidad parlamentaria, el Gobierno ha optado por esta reforma que incluiría el aborto en la Constitución, pero no como un derecho fundamental, evitando así la disolución de las Cortes y un referéndum obligatorio.

La historia personal de Gabriela Guerra, una ecuatoriana residente en España, pone en cuestión las afirmaciones de la ministra Redondo. Guerra relató su experiencia de haber considerado el aborto debido a presiones de su expareja, pero finalmente decidió continuar con su embarazo tras recibir apoyo de personas que encontró al salir de una clínica. Esta historia ilustra las complejidades y presiones que enfrentan muchas mujeres en situaciones similares.