El cardenal Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil, encabeza las manifestaciones en Ecuador, denunciando los impactos ambientales y sociales de la minería en el país durante la COP30 en Brasil.
La conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, COP30, celebrada en Belém (Brasil), ha sido escenario de una firme denuncia contra los efectos nocivos de la actividad minera en Ecuador. Pedro Sánchez Coronel, integrante de la Rete nazionale di pastorale ecologica dell'Ecuador y de la Rete ecumenica latinoamericana Iglesias y Minería, destacó que la fiebre por el oro y otros minerales está provocando un alto nivel de contaminación ambiental. En particular, se han detectado niveles significativos de mercurio, arsénico y cadmio en los ríos, lo que ocasiona enfermedades e incluso muertes.
Desde hace 25 años, Ecuador ha experimentado un cambio preocupante debido al desarrollo tecnológico y al aumento de conflictos bélicos a nivel global, factores que han intensificado la explotación minera en el país. Sánchez Coronel señaló que la expansión de las compañías mineras ha generado conflictos sociales, dado que más del 15 % del territorio nacional ha sido concesionado a estas empresas. Esta situación afecta principalmente a las comunidades indígenas y campesinas.
La minería no solo contamina el medio ambiente sino que también provoca expropiaciones ilegítimas de tierras, vulnerando derechos humanos fundamentales. Además, contribuye a la división social y al aumento de problemas como la corrupción, el alcoholismo, la prostitución y la violencia, poniendo en riesgo las culturas ancestrales. En respuesta a esta realidad, algunas autoridades locales se han unido a las comunidades indígenas para defender sus territorios. Tal es el caso de la provincia del Azuay, donde sus habitantes se movilizaron para proteger las fuentes de agua en Quimsacocha.
El cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ha encabezado estas manifestaciones contra la minería. Su liderazgo refleja el compromiso firme de la Iglesia local con la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por esta actividad extractiva.
