La Generalitat y la Iglesia catalana acuerdan destinar inmuebles eclesiásticos a vivienda social
El presidente de la Generalitat y el arzobispo de Tarragona acordaron la cesión de inmuebles eclesiásticos para destinarlos a vivienda social en Cataluña.
El 16 de febrero de 2026, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, firmó un convenio con monseñor Joan Planellas, arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal de Tarragona, para habilitar propiedades de las diócesis catalanas como viviendas sociales.
El arzobispo definió este acuerdo como un «protocolo marco», que marca el inicio de un proceso para identificar inmuebles disponibles en más de 2.000 parroquias distribuidas en 850 municipios de Cataluña, sin constituir aún un inventario definitivo.
Cada diócesis debe evaluar qué seminarios, rectorías, edificios, pisos o terrenos en desuso podrían incorporarse a este proyecto. Para ello, se ha previsto la formación de un grupo de trabajo integrado por cinco miembros del gobierno regional, principalmente del Departamento de Territorio y Justicia, y cinco representantes de la Iglesia.
En esta fase, no se conoce con exactitud la cantidad de propiedades implicadas ni el número real de viviendas que podrían generarse. La Diócesis de Girona ha anunciado su intención de sumar alrededor de cuarenta unidades a su parque actual, que incluye 885 pisos de alquiler asequible y 69 viviendas sociales. Por su parte, el arzobispado de Tarragona estimó el año anterior que dispone de aproximadamente cincuenta inmuebles susceptibles de destinarse a este fin.
Esta iniciativa constituye la primera acción coordinada a nivel de toda la Iglesia catalana en este ámbito. Desde la perspectiva de la doctrina social, el compromiso eclesiástico con la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad está profundamente arraigado en su tradición, reflejado en múltiples obras de caridad que permanecen activas.
¿Nos ayudas? ¿un café?La problemática de la vivienda en Cataluña es evidente, aunque la influencia que tendrá la disponibilidad de bienes eclesiásticos sobre esta situación aún resulta incierta. Además, las adaptaciones necesarias para convertir estos inmuebles en viviendas sociales podrían requerir tiempo y recursos considerables.
Algunos expertos advierten que los contratos de arrendamiento a largo plazo, de 30 o 50 años, podrían comprometer significativamente los activos de las diócesis. También surge la cuestión de cómo garantizar que estas propiedades continúen alineadas con las necesidades pastorales futuras y la misión específica de la Iglesia.
Asimismo, al integrarse en una estrategia gubernamental más amplia, que incluye medidas como el control de alquileres y limitaciones en la compra de inmuebles, la Iglesia participa en un marco político cuya dirección no controla completamente. Aunque la intención social declarada es clara, persiste el debate sobre si esta acción representa una extensión natural de la caridad cristiana o una transformación más profunda del papel institucional de la Iglesia en la gestión de políticas sociales en España.
Se ha puesto en marcha un plan inmobiliario que genera opiniones diversas. Algunos consideran que la Iglesia debería centrarse en su misión fundamental de evangelización para aumentar el número de fieles, seminaristas y sacerdotes, especialmente en Cataluña, lo que podría evitar la existencia de espacios infrautilizados. Sin embargo, la institución ha optado por implicarse en el ámbito inmobiliario.
Me gusta
Citar
