El Papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano al cardenal peruano Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito de Lima, quien fue sancionado durante el anterior pontificado en relación con acusaciones cuya veracidad no ha sido en ningún momento demostrada. La Santa Sede no ofreció detalles del encuentro, que se produjo pese a las restricciones vigentes y que algunos interpretan como un signo de revisión pastoral respecto al trato recibido bajo el gobierno de Francisco.
Juan Luis Cipriani, miembro del Opus Dei y primer cardenal procedente de esa prelatura personal, fue apartado en 2019 de toda exposición pública mediante un decreto disciplinario del Vaticano que le prohibía residir en Perú, vestir los símbolos cardenalicios y realizar declaraciones. Él mismo aceptó estas medidas «por obediencia», según expresó por escrito, aunque negó de forma categórica la acusación de abuso que motivó tales restricciones.
Durante los días previos al reciente cónclave, Cipriani fue visto con atuendo cardenalicio en la Basílica de Santa María la Mayor, donde numerosos purpurados acudieron a rezar ante la tumba del Papa Francisco. Pese a no ser elector por razón de edad, su presencia causó polémica, al considerar algunos que transgredía las condiciones impuestas. Sin embargo, su asistencia a una oración pública no constituye en sí misma una infracción canónica.
La Conferencia Episcopal Peruana confirmó las sanciones y subrayó en su momento que «el Santo Padre ha tratado al cardenal Juan Luis Cipriani con exquisita caridad pastoral y ha procedido uniendo la justicia y la misericordia». Cipriani respondió expresando su «sorpresa y dolor», lamentando que se dieran por ciertos hechos «no probados» y reafirmando por escrito que la acusación era «absolutamente falsa».
En ausencia de pruebas concluyentes y sin que se haya concretado formalmente el contenido de las imputaciones, resulta necesario aclarar si hubo efectivamente delito alguno y, en su caso, si puede establecerse una responsabilidad objetiva. Algunos observadores consideran que su situación refleja una dinámica más amplia de indefensión jurídica sufrida por no pocos pastores durante el pontificado anterior, marcadamente restrictivo en determinados casos sin las debidas garantías procesales.