Tras 18 años prófugo, el ex sacerdote Juan José Santana Trinidad ha sido detenido en Uruguay y enfrenta un proceso de extradición a Bolivia por abusos sexuales cometidos contra menores.
Después de casi dos décadas de evasión, las autoridades bolivianas han solicitado la extradición de Juan José Santana Trinidad, un ex sacerdote uruguayo acusado de abusar sexualmente de 30 menores entre 2005 y 2007, mientras ejercía como misionero en Tapacarí, Bolivia. Santana, quien había permanecido prófugo durante 18 años, fue capturado el 26 de septiembre en la casa de sus padres en la ciudad uruguaya de Salto por agentes de la policía nacional. Actualmente, se encuentra detenido y se espera su traslado a Bolivia una vez concluido el proceso de extradición, previsto para un plazo de 60 días.
El ex sacerdote, que dirigía un internado llamado Ángel Gelmí en Tapacarí, donde residían más de 70 niños de entre 8 y 17 años, fue denunciado en 2007 por una monja local tras descubrir que abusaba de un menor. A raíz de esta denuncia, surgieron otros testimonios de víctimas que relataron los abusos sufridos. En el momento del escándalo, Santana tenía 38 años y los testimonios revelaron la gravedad de sus actos, que incluían llevar a los niños a su habitación y someterlos a prácticas sexuales.
El entonces arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, informó a la prensa sobre el caso y se comprometió a colaborar con el poder judicial, además de ofrecer apoyo a las víctimas. Santana fue sometido a un proceso canónico y laicizado en 2011. Tras la revelación de sus crímenes, huyó a Uruguay, donde llevó una vida aislada en la casa de sus padres.
A pesar de una solicitud oficial de Bolivia a Interpol para su arresto, las autoridades uruguayas no lo buscaron durante todo ese tiempo, aunque su paradero era conocido por la prensa. El artículo publicado por el periódico uruguayo El País parece haber sido un punto de inflexión en su captura. El cardenal Daniel Sturla, máximo obispo de Uruguay, afirmó que la Iglesia de su país nunca recibió denuncias contra Santana, ya que los delitos ocurrieron en Bolivia.
La asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, Susana Inch Sáinz, declaró que la Iglesia hizo todo lo posible en su momento para que Santana fuera responsabilizado, pero no le correspondía detenerlo. Inch subrayó que la Iglesia no tiene el poder de restringir la libertad o encarcelar, siendo esta una competencia exclusiva de los tribunales bolivianos. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial ha expresado que la detención de Santana es un paso importante hacia la justicia y esperan que, tras su extradición, enfrente un juicio en Bolivia.