El Vaticano ha detectado importantes deficiencias en la gestión de casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica de América Latina, según revela un informe reciente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores.
El reciente informe de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, publicado el pasado jueves, ha puesto de manifiesto diversas fallas en la gestión y prevención de casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en varias regiones de América Latina. Este documento, que constituye el segundo informe anual sobre políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia, destaca la persistencia de deficiencias en el "acompañamiento psicológico de las víctimas" en muchas diócesis de la región. Asimismo, se señala la falta de "reconocimiento público" en ciertos casos de abusos y errores en los procedimientos de "denuncia", especialmente en comunidades vulnerables como la comunidad sorda.
El informe subraya que las víctimas, en numerosos casos, exigen una disculpa, ya sea pública o privada, y solicitan que la institución responsable investigue lo ocurrido, reconozca y condene el delito, y proporcione apoyo psicológico. Además, en algunas zonas de América Latina, las víctimas y sobrevivientes piden "la eliminación de cualquier reconocimiento público de los agresores", rechazando homenajes o elogios hacia ellos.
Aunque el informe de este año se centra en los países cuyos obispos realizaron en 2024 su visita ad limina, como Italia, Japón, Guinea, Eslovaquia, Portugal o Grecia, incluye un apartado especial sobre América Latina. En este contexto, el documento de 200 páginas destaca que los educadores e intérpretes del lenguaje de señas que trabajan con la comunidad sorda "generalmente no están capacitados para abordar adecuadamente la denuncia de abusos sexuales sufridos por niños y adolescentes". Esta situación incrementa la vulnerabilidad de los menores sordos ante el riesgo de manipulación sexual por parte de adultos de confianza, conocido como grooming.
El informe también denuncia que "solo el 30% de los padres de niños sordos conoce el lenguaje de señas", lo que genera una dependencia excesiva de los intérpretes y aumenta los riesgos de abuso y encubrimiento. Ante esta realidad, el Grupo Regional para América Latina de la Comisión Vaticana ha valorado que algunas Iglesias locales de la región han expresado su voluntad de "revisar sus políticas de tutela y denuncia a través de organismos externos e independientes", una práctica que el Vaticano considera indispensable para garantizar transparencia y credibilidad.
El documento menciona además visitas canónicas e investigaciones específicas ordenadas por la Santa Sede ante denuncias recientes en la región. Entre ellas, una visita a Paraguay realizada por el Arzobispo de Río de Janeiro, Cardenal Orani Joao Tempesta, junto a un funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, para investigar un "presunto caso de acoso sexual" a una estudiante de la Universidad Católica denunciado en 2019. Asimismo, la Conferencia Episcopal Boliviana informó haber recibido a un representante del mismo dicasterio para examinar la "gestión deficiente de múltiples casos" de abuso en El País.
En conjunto, el Vaticano considera que estos episodios revelan lagunas en los "mecanismos de prevención, denuncia y acompañamiento" en la región, y reitera que la formación, la supervisión externa y la cooperación con las víctimas deben ser prioridades inaplazables para todas las conferencias episcopales latinoamericanas. La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, creada por el Papa Francisco en 2014, señala además que las prácticas de reparación y acompañamiento implementadas por las iglesias locales de América Latina son heterogéneas. En muchos casos se han impulsado protocolos de prevención y códigos de conducta, aunque su grado de aplicación varía ampliamente.
Entre los ejemplos considerados positivos, el informe destaca los gestos públicos de reconocimiento del daño, como las conmemoraciones impulsadas por la Iglesia chilena para recordar las injusticias sufridas por las víctimas del sacerdote jesuita Renato Poblete, acusado de múltiples abusos. El documento también recoge una serie de iniciativas y buenas prácticas desarrolladas durante 2024 y 2025 en el continente, como el curso de formación sobre la protección de menores y personas vulnerables organizado por Cáritas América Latina en colaboración con la Comisión Pontificia, y la celebración del III Congreso Latinoamericano sobre Vulnerabilidad en Panamá.