La organización Open Doors denuncia que los cristianos en Nicaragua sufren un creciente silencio y persecución bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El informe World Watch List 2026, publicado recientemente por Open Doors, sitúa a Nicaragua en el puesto 32 de los 50 países donde la persecución contra los cristianos es más intensa. Según el documento, los creyentes que critican al gobierno por violaciones de derechos humanos enfrentan vigilancia, intimidación, encarcelamiento, exilio y pérdida de la ciudadanía.
El texto señala que las iglesias y otras entidades cristianas, como escuelas y organizaciones benéficas, son consideradas una amenaza para el régimen. Se han confiscado propiedades, prohibido actividades y vandalizado edificios, mientras muchos cristianos son catalogados como “agentes desestabilizadores”.
La represión contra la libertad religiosa se intensificó a partir de 2018, cuando estallaron protestas nacionales contra el gobierno, y se agravó tras las elecciones de 2021 y la reforma constitucional de 2025, que facilitaron cambios legales para justificar la represión y el silenciamiento de la Iglesia.
El informe destaca que los católicos, como la denominación mayoritaria en Nicaragua, son un objetivo prioritario. El clero ha sufrido prisión, exilio, arresto domiciliario, prohibiciones de viaje y amenazas legales. Entre 2018 y finales de 2025, se han confiscado 43 propiedades eclesiásticas y se han registrado 1.030 ataques contra católicos, además de la prohibición de 18.808 procesiones, según la autora del informe Martha Patricia Molina.
Un informe del diario Confidencial de finales de 2025 detalla que entre 2022 y 2025 el régimen confiscó 39 propiedades de la Iglesia Católica, que ahora se destinan a usos distintos a los originales. Molina también indica que 304 sacerdotes y monjas han dejado de ejercer su ministerio pastoral en el país, con 172 varones y 132 mujeres afectados.
Cuatro obispos nicaragüenses han salido al exilio: Mons. Silvio Báez, auxiliar de Managua; Mons. Isidoro Mora, de Siuna; Mons. Rolando Álvarez, de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí; y Mons. Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Los otros cinco obispos permanecen en el país.
Open Doors señala que cualquier persona que se pronuncie contra el gobierno, incluidos cristianos de otras denominaciones como pentecostales y bautistas, es especialmente vulnerable. Algunos sufren presiones para demostrar lealtad política y evitar represalias.
Una cristiana citada en el informe, identificada como Pastora, afirma que “quienes predican el evangelio sin censura, proclamando el amor de Jesús y la libertad que trae el Espíritu Santo, son precisamente a quienes quieren silenciar”.
El informe indica que la situación en Nicaragua apenas ha cambiado en el último año. Aunque el país descendió dos puestos en la lista mundial de persecución (del 30 al 32), la represión continúa siendo intensa. Los líderes religiosos enfrentan vigilancia más estricta, amenazas para suspender actividades e interferencias constantes en sus ministerios.
En marzo de 2025, el diario nicaragüense Mosaico CSI denunció que la dictadura vigila a los sacerdotes, revisa sus teléfonos y exige informes semanales sobre sus actividades, además de limitar su libertad de movimiento. Según este medio, las homilías deben ser exclusivamente teológicas, sin abordar temas de doctrina social o críticas sociales.
La persecución afecta a todo el país, con mayor intensidad en zonas como Bluefields, Chinandega, Estelí, Granada, Jinotega, Jinotepe, León, Masaya, Managua, Matagalpa, la Región Autónoma del Atlántico Sur y Rivas.
Ante esta realidad, Open Doors busca respaldar a la Iglesia en Nicaragua mediante asistencia legal, capacitación para afrontar la persecución, ayuda para medios de vida y cuidado del liderazgo.
