La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la que acusa de haber adjudicado, de forma directa y sin concurso, miles de contratos a centros privados que practican abortos desde 2016.
Según ha informado la entidad, el Ejecutivo regional habría suscrito más de 2.500 contratos con siete clínicas abortistas por un valor superior a los nueve millones de euros, eludiendo los principios de legalidad, transparencia y concurrencia que rigen la contratación pública. La fundación sostiene que se habrían fraccionado contratos de alto importe para otorgarlos como contratos menores, una figura que permite evitar licitaciones y controles administrativos ordinarios.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha denunciado “el uso masivo e ilícito de contratos menores para encubrir contratos millonarios”, alertando de una posible vulneración reiterada de la ley de contratos del sector público. Según la organización, esta práctica ha permitido al Gobierno autonómico sortear tanto el escrutinio ciudadano como los mecanismos de fiscalización que garantizan el correcto uso de fondos públicos.
La denuncia solicita que el Tribunal de Cuentas determine si existe responsabilidad contable por parte de los gestores públicos implicados, lo que podría conllevar sanciones y exigencias de responsabilidad patrimonial. Abogados Cristianos recuerda que el contrato menor debe ser una excepción y no puede utilizarse de forma continuada ni para dividir artificialmente contratos más grandes con el fin de eludir los procedimientos establecidos por la ley.
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