La España del PSOE: libertad para blasfemar, silencio para creer

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha creado una Oficina de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos. Esta iniciativa surge en respuesta a la reforma legislativa promovida por el gobierno socialista del PSOE en coalición con Sumar, que busca derogar el artículo 525 del Código Penal, eliminando la protección penal frente a las ofensas contra los sentimientos religiosos. Según el Ejecutivo, esta medida pretende proteger la libertad de expresión y suprimir los llamados "delitos de opinión". Sin embargo, asociaciones religiosas y juristas advierten que esta reforma dejará a los creyentes en una situación de indefensión frente a ataques públicos contra sus símbolos y creencias.

Cuando creíamos que ya habíamos tocado fondo en materia de hostilidad laicista, llega el gobierno socialistoide de turno para demostrarnos que aún hay más niveles de infamia por explorar. El PSOE y sus compañeros de viaje ideológico, los neomarxistas de Sumar, han decidido que el católico no solo debe pagar impuestos, aceptar la degeneración cultural y soportar sermones pseudoprogresistas desde las instituciones, sino además hacerlo con una sonrisa mientras le escupen en el sagrario.

Bajo el disfraz de una libertad de expresión mal entendida, esta reforma borra de un plumazo la protección jurídica que, con todos sus defectos, al menos reconocía que la fe no es un chiste ni un blanco lícito para el sarcasmo de café de faculta Es curioso: los mismos que criminalizan la opinión disidente sobre ideologías de género, inmigración o historia política, ahora nos quieren vender que burlarse del Sagrado Corazón o simular una misa obscena es parte del progreso.

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Y aquí entra, para sorpresa de muchos, una Conferencia Episcopal que ha sabido responder con una dignidad inusual en estos tiempos de pusilanimidad eclesial. La creación de esta oficina no es solo una iniciativa útil, sino un verdadero gesto de valentía institucional. Por una vez, los obispos no se limitan a los discursos melifluos ni a las fotos con políticos de turno: han actuado con criterio, con firmeza, y con visión estratégica. Han entendido que ya no basta con lamentarse, que hay que documentar, denunciar y exponer a quienes atacan impunemente la fe católica.

Esta oficina puede y debe convertirse en un instrumento eficaz para visibilizar la creciente hostilidad contra los creyentes, y para señalar con claridad a las instituciones —muchas de ellas parasitadas por los socialistas— que se burlan sistemáticamente de lo que para millones de ciudadanos es sagrado. La CEE ha dado un paso importante, que merece ser reconocido, imitado y fortalecido. Ojalá esta valentía no sea un hecho aislado, sino el inicio de una nueva etapa de firmeza y presencia pública.

Por supuesto, no podemos olvidar que entre todos los obispos, solo uno —el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello— ha tenido el coraje de pedir elecciones generales en vista de la corrupción escandalosa que asola al gobierno. Y a él solo se ha sumado públicamente Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. El resto del episcopado, con una asombrosa capacidad camaleónica ya casi institucionalizada, ha preferido refugiarse en el silencio diplomático, como si no estuviera en juego el alma de la nación.

Porque sí, esto ya no es laicismo; esto es odio a la religión, disfrazado de garantismo democrático. Es la vuelta encubierta a ese odio visceral que ya vivimos en los años 30, cuando se quemaban iglesias mientras los gobiernos "progresistas" miraban hacia otro lado. Hoy no queman templos (todavía), pero se permite impunemente escupir sobre lo sagrado y ridiculizar al creyente como si fuera un ciudadano de segunda.

Y lo peor: estas tropelías se ejecutan mientras el gobierno socialista arrastra casos de corrupción que huelen a cloaca institucional.

Y ya que hablamos de responsabilidades, no podemos pasar por alto a esos católicos que, entre rosarios y misas dominicales, siguen votando al PSOE como si no tuvieran nada que ver con estas agresiones a la fe. No sé si es ignorancia o estulticia, pero lo cierto es que cooperar con el mal por comodidad o ceguera ideológica no exime de culpa.

Que el pueblo juzgue si quiere seguir siendo gobernado por los apóstoles de la blasfemia y la hipocresía. Y mientras tanto, que la CEE y cada católico con algo de fe y dignidad haga lo que tiene que hacer: alzar la voz, denunciar al agresor, y recordar que en esta España degenerada, la cruz sigue siendo signo de contradicción.