Gobierno e Iglesia pactan una vía de reparación para víctimas de abusos
El acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos articula una vía de reparación para víctimas de abusos sexuales, con la participación del Defensor del Pueblo.
El Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han firmado un acuerdo para establecer un sistema de reconocimiento y reparación destinado a víctimas de abusos sexuales. El mecanismo incorpora la intervención del Defensor del Pueblo y ofrece una alternativa para quienes no deseen acudir directamente al PRIVA, el órgano constituido por la Iglesia.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAEl documento lleva las firmas de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Luis Argüello, presidente de la CEE, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER. El texto prevé que las bases acordadas se concreten posteriormente en un convenio que detalle procedimientos y criterios.
Según lo establecido, el sistema permitirá avanzar hacia una reparación integral con distintas modalidades, que incluyen medidas de carácter restaurativo y simbólico, atención psicológica y/o psiquiátrica con profesionales elegidos por la víctima —con posible extensión a su familia— y reparación moral, además de otras actuaciones que puedan incorporarse en el marco del convenio.
En el plano fiscal, el acuerdo contempla que las reparaciones económicas quedarán exentas del impuesto sobre la Renta. El esquema de reconocimiento y reparación se apoyará en el criterio técnico de la oficina del Defensor del Pueblo y en la evaluación de la Comisión PRIVA, con participación de las víctimas y a partir del consenso entre la Iglesia y el Estado.
El texto subraya que el procedimiento se apoya en el acuerdo entre las partes y en el compromiso asumido, y recoge expresamente que “El sistema que a continuación se describe no está basado en la imposición unilateral de una obligación jurídica, sino en el mutuo acuerdo de las partes.” Se trata de una vía temporal, con una duración de un año —prorrogable por otro más—, orientada a casos sin recorrido judicial por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.
El itinerario previsto asigna a la oficina del Defensor del Pueblo el estudio de los expedientes y la formulación de una propuesta de reparación. Después, la Comisión PRIVA revisará esa propuesta; si surge discrepancia, una comisión mixta examinará el caso para intentar encauzar una solución.
Cuando no se alcance un acuerdo, el procedimiento fija que la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo, tras consultar con el presidente de la CEE o de la CONFER. El acuerdo también incorpora garantías vinculadas a la intimidad y a la protección de datos en la tramitación de las solicitudes.
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