El proceso de apelación sobre la compra del inmueble en Londres por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano se centra en aspectos procesales, especialmente en torno a los rescriptos firmados por el Papa Francisco al inicio de la investigación.
El Tribunal de Apelación del Vaticano debe resolver inicialmente varias cuestiones preliminares planteadas por las defensas, que sostienen que ciertos procedimientos podrían haber restringido el ejercicio pleno del derecho a la defensa. Estas objeciones se refieren a aspectos ya tratados en primera instancia o a elementos que no forman parte del objeto del juicio, según la postura conjunta del Ministerio Público y las partes civiles involucradas, que incluyen la Secretaría de Estado, el Instituto para las Obras Religiosas y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
El Ministerio Público sostiene que el caso cuenta con una base documental sólida, integrada por contratos, documentos financieros y actos administrativos que han sido objeto de análisis y debate durante años en los distintos procedimientos. Además, advierte que la incorporación de elementos procedentes de jurisdicciones extranjeras podría desviar la atención del Tribunal hacia asuntos fuera de su competencia.
Uno de los puntos más controvertidos en esta fase de apelación es la cuestión de los rescriptos firmados por el Papa Francisco al comienzo de la investigación. La decisión de no hacer públicas estas resoluciones de forma inmediata se justifica por razones de confidencialidad, con el fin de proteger el desarrollo adecuado de la investigación y salvaguardar los derechos de las personas implicadas.
Durante las audiencias también se abordaron los intercambios de mensajes entre algunas figuras relevantes del caso, destacando el papel de Monseñor Alberto Perlasca, quien fue jefe administrativo de la Secretaría de Estado y testigo clave en el juicio inicial.
El Tribunal de Apelación deberá decidir si las impugnaciones de las defensas son suficientes para anular la sentencia dictada en primera instancia o si deben ser rechazadas para permitir un análisis completo del fondo del asunto. Este proceso busca definir con claridad el marco legal y procesal antes de emitir un fallo sobre la administración de los fondos de la Santa Sede y las posibles responsabilidades derivadas.
Se prevé que las audiencias continúen en las próximas semanas y que el veredicto de apelación se pronuncie antes de la Pascua, lo que supondría un avance importante en un caso que refleja el compromiso del Vaticano con la rigurosidad jurídica y la transparencia en la gestión financiera.
