Los obispos estiman que no se superarán los doscientos nuevos procesos vinculados al acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para la reparación de víctimas de abusos sexuales.
La Conferencia Episcopal considera que la primera etapa del acuerdo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia ha concluido y calcula que el número de solicitudes no superará las 150-200. Este modelo, que complementa al Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA), ha gestionado en un año 114 casos y aprobado indemnizaciones por más de 1,9 millones de euros. Fuentes episcopales aseguran que la institución está dispuesta a asumir sus responsabilidades y descartan que esta situación pueda afectar gravemente a la Iglesia.
Desde el Ministerio de Presidencia reconocen que, una vez que se establezca el procedimiento y se active el plazo previsto en el acuerdo —un año prorrogable a otro más—, podrían ser "cientos" las víctimas que recurran a este mecanismo de reparación. Sin embargo, el Defensor del Pueblo aún no ha comenzado a trabajar en la aprobación de los baremos necesarios, ya que su mandato no ha sido firmado.
Varias asociaciones de víctimas, como Infancia Robada y Lulacris, han confirmado a Religión Digital que han recibido un aumento en las solicitudes de información desde la firma del acuerdo el pasado 8 de enero. En concreto, Infancia Robada ha registrado al menos una docena de nuevos testimonios en los últimos días. Algunas peticiones llegan directamente a estas asociaciones, mientras que otras se canalizan a través del Defensor del Pueblo.
El proceso establece que las víctimas cuyos casos hayan prescrito dispondrán de un plazo de un año, ampliable a dos, para solicitar la reparación. Según la Conferencia Episcopal, tras ese periodo "esa puerta estará cerrada. La del Gobierno, no la de la Iglesia". Las asociaciones continúan su labor de informar y asesorar a los supervivientes, quienes muestran un interés creciente por acogerse al modelo acordado, que sitúa a las víctimas en el centro del proceso.
