El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Melilla revela que el 31,9% de su población vive en exclusión social, con niveles de exclusión severa superiores a la media nacional.
El estudio, presentado el 14 de enero por Daniel Rodríguez, sociólogo de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, junto a Eduardo Resa Huerta, vicario episcopal de Melilla, y José Miguel Santos Paradas, director de Cáritas de las diócesis de Málaga y Melilla, ofrece un diagnóstico detallado de la exclusión social en esta ciudad autónoma.
Melilla presenta una tasa de exclusión social del 31,9%, que afecta a unas 27.000 personas, cifra notablemente superior al 19,3% registrado en el conjunto de España. La exclusión severa alcanza al 19,2% de la población, aproximadamente 16.000 personas, superando a la exclusión moderada, situada en torno al 13%, lo que indica una exclusión más intensa y concentrada.
El informe identifica el empleo precario y la vivienda como los principales factores que dificultan la integración social. La vivienda, en particular, se ha convertido en el epicentro de la desigualdad: el 45% de la población presenta algún indicador de exclusión residencial. Entre 2018 y 2024, el precio de la vivienda aumentó un 37%, mientras que los salarios crecieron solo un 5,9% nominalmente, lo que en términos reales supone una pérdida del 10% de poder adquisitivo.
El mercado del alquiler es especialmente problemático, ya que el 27% de los habitantes vive en régimen de alquiler, ocho puntos más que la media nacional. Más del 60% de estos hogares destina más de un tercio de su presupuesto al pago del alquiler y suministros, y el 69% de las personas inquilinas se encuentra en situación de pobreza, lo que evidencia que el alquiler contribuye al empobrecimiento estructural.
La presión sobre la vivienda se agrava por la limitación territorial de Melilla, que impide una expansión significativa de la oferta habitacional, generando un mercado muy tensionado y con precios al alza. Cerca de 30.000 personas habitan en condiciones de insalubridad, hacinamiento o déficit de habitabilidad, con niveles de hacinamiento grave superiores a la media española.
En cuanto al empleo, el 18% de la población sufre exclusión laboral, cuatro puntos por encima de la media estatal. La tasa de paro en 2024 alcanza el 28%, frente al 11% nacional, y el paro de larga duración afecta al 16% de la población activa, frente al 4% en España. Los colectivos más afectados son las personas nacidas en el extranjero (43%), los menores de 30 años (40%) y las mujeres (29%).
El desempleo afecta especialmente a los hogares donde ninguno de sus miembros trabaja, que representan el 14% del total, el doble que en España. Aunque el empleo sigue siendo un factor protector, no garantiza la exclusión social, ya que el 13,7% de las personas ocupadas en Melilla se encuentran en situación de exclusión debido a la precariedad y bajos salarios.
El informe también señala que el 41,4% de la población está en riesgo de pobreza, y el 20% vive en pobreza severa, cifras que superan ampliamente las medias nacionales del 19,7% y 8,4%, respectivamente. El riesgo de pobreza ha aumentado un 34% en un año y se ha casi duplicado desde 2018. El Ingreso Mínimo Vital cubre actualmente cerca del 11% de los hogares y alcanza a dos de cada tres personas en pobreza severa, aunque una parte significativa de estos hogares no ha recibido suficiente información para acceder a esta ayuda.
En el ámbito social, las relaciones familiares y comunitarias muestran un deterioro significativo en los hogares en exclusión severa, donde el 35% experimenta un empeoramiento de sus vínculos, frente al 14% en el conjunto de la población. Sin embargo, seis de cada diez hogares colaboran regularmente con otros, superando la media nacional. La discriminación afecta a casi el 40% de los hogares, y en el 90% de los casos ha provocado una pérdida real de oportunidades.
La exclusión social en Melilla presenta marcadas desigualdades por origen y religión. El 75% de las personas con nacionalidad extranjera están en exclusión, casi tres veces más que el 26% de quienes tienen nacionalidad española. Además, el 38% de los hogares musulmanes se encuentra en exclusión social, cifra superior a la media local.
La infancia es especialmente vulnerable: el 44% de los menores de 18 años vive en hogares excluidos, frente al 12% de las personas mayores de 65 años. Esta brecha se acentúa en hogares con dos o más menores, donde la exclusión alcanza el 47%, en comparación con el 18% en hogares solo de adultos. La juventud presenta una tasa de exclusión del 23%, inferior al 27% nacional, pero con una tasa de paro juvenil del 41%, más del doble que la media española.
La exclusión social afecta al 34% de la población en hogares encabezados por mujeres, y la vulnerabilidad es mayor en hogares monoparentales, donde el 47% está en exclusión.
El informe concluye que la exclusión social en Melilla no responde a fallos individuales, sino a un modelo social que prioriza el beneficio económico sobre las personas y las comunidades. Se plantea la necesidad de una respuesta colectiva que reconozca la interdependencia social y la responsabilidad ambiental, para construir un modelo que garantice derechos y fomente el cuidado mutuo.
