Defensa denuncia rescriptos ocultos y nulidad procesal en el Vaticano
Durante la séptima sesión del proceso de apelación sobre la gestión de los fondos de la Santa Sede, se debatieron cuestiones preliminares y se postergó la próxima audiencia.
En la audiencia matutina, la figura de San Tommaso d’Aquino fue la más citada tras el Código de Derecho Canónico, especialmente sus reflexiones sobre la naturaleza y eficacia de la ley. Estas fueron mencionadas repetidamente por las partes civiles, la acusación y las defensas durante casi cinco horas de debate. Al concluir la sesión, monsignor Alejandro Arellano Cedillo anunció que la Corte de Apelación “se reserva de deliberar” sobre las cuestiones preliminares planteadas, aplazando la octava audiencia prevista para la mañana siguiente y confirmando que “las partes serán convocadas nuevamente”.
Entre los temas abordados destacó la polémica en torno a los rescriptos emitidos por Papa Francesco, que ampliaron las facultades del promotor de justicia durante las investigaciones que desembocaron en el denominado juicio del siglo dos años después. Los abogados defensores cuestionan la validez de estos documentos papales por no haber sido publicados oficialmente. Luigi Panella, defensor de Enrico Crasso, afirmó que “no estamos juzgando una acción del Santo Padre, quien debía publicarlos es el promotor de justicia: debemos discutir si cometió un error al no publicar dichos actos”, y citó a San Tommaso en su obra Mirabilis Deus, donde sostiene que “la promulgación es esencial a la ley… porque para que la ley tenga fuerza obligatoria es necesaria su conocimiento”.
Por su parte, la abogada Elisa Scaroina, representante de la parte civil en nombre de la Secretaría de Estado, recordó que San Tommaso también enseñaba que “lex est quaedam rationis ordinatio”, es decir, “la ley es ante todo razonabilidad”. Esta base jurídica y moral sustentó la decisión de no hacer públicos los rescriptos, empezando por el fechado el 2 de julio de 2019. Según explicó, esta medida respondió a “razones de secreto” vinculadas a la extrema sensibilidad del momento histórico en que se adoptaron los actos, justo después de la denuncia presentada por el IOR tras la solicitud de la Secretaría de Estado para un préstamo destinado a cancelar una onerosa hipoteca sobre un inmueble en Londres y poner fin a toda relación con el corredor Gianluigi Torzi, condenado en primera instancia. Esa denuncia fue el punto de partida de toda la investigación.
Scaroina señaló que “si el rescripto pontificio se hubiera hecho público, podrían haberse producido consecuencias graves para el desarrollo mismo de las investigaciones en curso. Estaba en juego un asunto que afectaba el núcleo de la operatividad financiera del Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué habría ocurrido entonces con el equilibrio institucional y la estabilidad del ordenamiento?” En ese contexto, la letrada añadió que “no solo fue justo, sino también necesario que el Pontífice considerara el principio de razonabilidad y la ponderación entre intereses contrapuestos, reflexionando sobre las decisiones más adecuadas en un momento de extraordinaria delicadeza”. Se trataba de una situación inédita en la historia jurídica del Estado vaticano, “la primera vez que se presentaba un asunto de tal magnitud”, remarcó.
¿Nos ayudas? ¿un café?Los abogados defensores rechazaron estas afirmaciones, calificándolas de “gravísimas”. Massimo Bassi, defensor de Fabrizio Tirabassi, expresó su incredulidad ante la justificación de la falta de publicación de los rescriptos, que atribuye al Papa la voluntad de mantenerlos en secreto sin un acto explícito en ese sentido: “La publicación no se realizó por la inexplicable negligencia de algún funcionario que ahora intenta trasladar la responsabilidad a otros”. Panella añadió que aceptar esta tesis implicaría que en este Estado único en el mundo, que debería ser un speculum iustitiae, las personas
Me gusta
Citar
