Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española sobre posibles salidas al bloqueo institucional han provocado un cruce con el Gobierno y una llamada a la “prudencia” desde la archidiócesis de Tarragona.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, abrió este domingo un intenso debate político al plantear como salidas al actual bloqueo institucional “cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución”. La respuesta del Gobierno llegó primero desde un mitin del presidente, Pedro Sánchez, y después mediante una carta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mientras el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, se desmarcaba de la propuesta y reclamaba “prudencia”.
Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, defendió que el escenario actual se encuentra “más bloqueado” y enmarcó su propuesta en los mecanismos previstos por el ordenamiento constitucional, matizando que no pretende promover un pronunciamiento colectivo del episcopado sobre esta cuestión. Sánchez respondió en un acto público en Cáceres y replicó con dureza al planteamiento del prelado, al subrayar: “Lo que le digo al señor Argüello es que hay una cuarta opción: respetar el resultado electoral, aunque no te guste”. En ese mismo discurso, añadió: “El tiempo en el que los obispos interferían en la política se acabó cuando empezó la democracia en este país” y deslizó también: “Si se quiere presentar a unas elecciones, ahí tiene la asociación ultraderechista de Abogados Cristianos y a ver qué resultado saca”. Horas después, el Ejecutivo formalizó su protesta por escrito. En una carta dirigida a Argüello, Bolaños le pidió que se aparte del terreno partidista: “Le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno”. El ministro recordó asimismo que no era la primera vez en pocos meses que el presidente de la CEE sugería un final anticipado de la legislatura.
En esa misiva, Bolaños expresó su malestar por las referencias de Argüello a la relación Iglesia-Estado en los últimos meses, citando el futuro del Valle de Cuelgamuros y la reparación a las víctimas de abusos, además de reprochar el uso de la denominación “Valle de los Caídos”. La controversia tuvo también una réplica interna en el ámbito eclesial. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, reclamó “prudencia” y recordó que “la Iglesia no se puede identificar con ninguna opción política concreta”, al tiempo que advirtió: “Creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la Iglesia con decir que hay que ir a nuevas elecciones o que hay que hacer una moción de censura”. Planellas introdujo una distinción de fondo y consideró legítimo que un cristiano opine “en nombre propio como ciudadanos”, pero pidió cautela cuando se habla “en nombre de la Iglesia” o de sus pastores. En esa línea, concluyó que esas declaraciones “van más allá de lo que puede afirmar, o lo que puede decir, un arzobispo en este sentido”.
El arzobispo de Tarragona se refirió, además, a la discusión sobre una eventual reforma constitucional vinculada al artículo 2 y al debate territorial, señalando que la concreción jurídica y política corresponde al “ordenamiento civil” y que “no es la Iglesia la que tiene que decir cómo se ha de desarrollar esta realidad”.
