Sin baremo y con cifras ocultas: las sombras del sistema de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia
El acuerdo entre Estado e Iglesia para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el clero español enfrenta controversias sobre el sistema de indemnizaciones y la transparencia en su aplicación.
El Defensor del Pueblo, responsable de evaluar las solicitudes de reparación, recomendó en su informe de 2023 que las compensaciones se establecieran mediante un baremo, conforme a estándares europeos. Este organismo subrayó que, independientemente del modelo adoptado, debería contar con la facultad para fijar indemnizaciones según criterios establecidos y garantizar que los procesos restaurativos respeten las normas internacionales.
Sin embargo, durante un encuentro en La Moncloa, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresó a las víctimas que sería preferible evitar el uso de baremos, dejando la decisión al criterio del Defensor del Pueblo caso por caso para no limitar las compensaciones con un tope. Esta postura, aunque no ha sido aclarada oficialmente por el ministerio, cuenta con el respaldo del Gobierno, que insiste en que la última palabra recaiga en el Defensor y que las víctimas participen en el proceso.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAEl sistema irlandés, pionero en esta materia, establece un modelo detallado que clasifica las secuelas en tres categorías: médico-psiquiátricas, psicosociales y por pérdida de oportunidades, además de graduar la gravedad de los abusos en cinco niveles, asignando un rango de indemnización para cada uno. Así, en los casos más graves, la compensación puede oscilar entre 200.000 y 300.000 euros. En Irlanda, la media de indemnización fue de 62.245 euros, con un máximo de 300.500 euros, y el total abonado alcanzó los 970 millones de euros tras evaluar más de 16.000 solicitudes.
En España, la Iglesia reconoce 2.002 víctimas de abusos, cifra inferior a las 2.948 que registra la base de datos de EL PAÍS, la única recopilación actualizada sobre este tema. Aplicando la media europea de 35.000 euros por víctima, la cantidad total a indemnizar rondaría los 70 millones, mientras que con la media irlandesa ascendería a 124 millones. No obstante, el acuerdo firmado el 8 de enero no especifica el método de reparación ni los criterios para cuantificar las compensaciones, dejando estas decisiones en manos de la Unidad de Víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo, que elaborará propuestas individuales que pueden ser simbólicas, restaurativas, espirituales o económicas.
El plan PRIVA (Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso), gestionado por la Iglesia, ha resuelto hasta ahora 61 solicitudes con un total de 1.858.420 euros en indemnizaciones, lo que supone un promedio de 30.465 euros por víctima. Estas cifras son inferiores a las recomendadas por el Papa Francisco, quien calificó 50.000 euros como "una cantidad demasiado baja, no es una cosa que sirve". Además, la comisión que propone las compensaciones carece de carácter vinculante, y las diócesis pueden modificar las cantidades sin informar a las víctimas sobre los criterios empleados, lo que genera críticas por falta de transparencia y arbitrariedad.
Las diferencias en las indemnizaciones otorgadas por la Iglesia son notables incluso en casos similares. Por ejemplo, dos víctimas que sufrieron abusos equivalentes recibieron compensaciones muy dispares: una, 3.000 euros; otra, 30.000. Cuando se ha preguntado por los criterios que justifican estas variaciones, algunas respuestas oficiales han reconocido su existencia pero han evitado hacerlos públicos para evitar comparaciones y confusión.
Para las víctimas, la ausencia de un baremo claro dificulta la transparencia y la rendición de cuentas, generando preocupación por la equidad en el proceso. Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat, sostiene que sin un baremo formal la reparación se convierte en una arbitrariedad, ya que las cifras no se hacen públicas y no existe un marco objetivo para las compensaciones.
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